Una reforma estructural en Chile que “modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia”, propuso el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, al presentar los primeros resultados del estudio que realizaron al mercado de los medicamentos.

El trabajo iniciado en abril del 2018 recomienda 14 medidas cuya implementación podría lograr un ahorro promedio de entre 20 y 40% en el precio de los medicamentos, en una proyección conservadora, para el caso de los productos vendidos en farmacias que cuenten con alternativas bioequivalentes.

“Esto significaría un impacto total anual de entre 76 millones y 380 millones de dólares en un mercado de medicamento que mueve al año aproximadamente 1,500 millones de dólares”, indicó el informe.

El titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sintetizó las conclusiones en cuatro objetivos fundamentales: que se introduzcan más bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre de manera más transparente, eficiente y efectiva.

En un duro cuestionamiento al sector, la FNE criticó la responsabilidad de los médicos en la cadena de decisiones que atentan contra la transparencia del sistema y propuso reformas a las instituciones de gobierno a cargo de la fiscalización y compras para la red pública.

Asimismo, el organismo centró su cuestionamiento en las estrategias de los laboratorios y en las cadenas de farmacias, para las que propuso una drástica transformación en su sistema de comercialización.

La FNE destacó que si bien 70% de las compras de medicamentos (en unidades) en este ámbito se realiza a través de licitaciones públicas, este mecanismo sólo representa 40% en términos de valor, y el resto de ejecuta vía tratos directos. Indicó que este comportamiento tiene lugar en un contexto marcado por la ausencia de procedimientos. Por ello, enfatizó la necesidad de establecer protocolos en materias como las listas de medicamentos y declaración de conflictos de interés, además de evaluar la forma en que se realizan las licitaciones públicas.

La FNE indicó que la mayoría de los pacientes acata la recomendación de esos profesionales y se muestra reticente a cambiar lo indicado por ellos frente a una alternativa más barata. “Apenas un cuarto de los médicos cambia su prescripción original ante la solicitud de un paciente de recetar un medicamento más económico” y 42% de estos profesionales declara que su principal fuente de información sobre nuevos productos son los congresos a los que asiste o los visitadores médicos.

“Existen elementos en el mercado de los medicamentos que han boicoteado el funcionamiento de la iniciativa de bioequivalentes, mayoritariamente marcados por estrategias de marketing que impulsan el uso y prescripción de medicamentos de marca o de innovadores”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Empresas SB manifestó su disposición favorable a reformular el sistema de comercialización: “(El estudio ) revela que las farmacias compramos en promedio 70% más caro que el Estado, por lo tanto, insistimos en poder comprar, sin exclusión, a esos mismos precios a través del Cenabast y estamos disponibles para que las autoridades regulen el precio de venta final”.

Los principales cuestionados en el informe fueron los laboratorios: “80% de los medicamentos inscritos en Chile no tiene alternativas bioequivalentes y los laboratorios realizan inversiones superiores a 200 millones de dólares al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas equivalentes y más baratas”.

¿Qué propone la FNE?

En el informe, que estará sometido a consulta pública hasta el 20 de diciembre, destacan los siguientes puntos:

• Implementar medidas para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes.

• Obligación a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos estableciéndoseles un cobro fijo por dispensarlos.

• Obligación a los médicos a recetar medicamentos sin marca como primera opción.

• Regular la dispensación y forma de cobro de las farmacias.

• Crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por denominación común internacional.

• Permitir la comercialización de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias, así como las adquisiciones vía online.

• Que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.