En la informalidad, dos de cada tres mexicanos

Con excepción de Chihuahua, en el resto de las entidades federativas del país más de 50% de su población ocupada se desempeña en la economía informal, según un análisis de aregional.

La subdirectora técnica de la firma, Flavia Rodríguez, destacó que los estados con mayor vulnerabilidad laboral se encuentran localizados en el centro y sur de la República. Tan sólo en 11 entidades de las regiones la proporción es superior a 70 por ciento.

Tlaxcala es el caso que más llama la atención, ya que 76 de cada 100 personas trabajan en la economía subterránea, como también se le conoce. Le siguen Guanajuato, Puebla, Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Nayarit, Colima, Oaxaca, Morelos y Guerrero. En el otro extremo se encuentra Chihuahua, con 48% de su población ocupada.

La verdadera crisis del mercado laboral mexicano no se refleja en la tasa de desempleo abierto, que asciende a 5.2% de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir, 2.4 millones de personas. La mayor problemática es la baja calidad de los empleos y la vulnerabilidad a la cual se ve expuesta la población que ejerce su actividad informalmente , comentó.

Según Jesús Sánchez, investigador de la UNAM, la informalidad equivale hasta a 35% del Producto Interno Bruto del país.

En México, ha sido una importante válvula de escape ante el impacto de las crisis financiera y económica que se registraron en los últimos 30 años. La insuficiencia de buenos empleos, el elevado costo de la formalidad en las personas con poco capital para llevar a cabo actividades registradas (...) son los principales efectos de estas crisis , afirma el estudio.

AREGIONAL VS INEGI

La especialista destacó que dos de cada tres trabajadores en México laboran en el sector informal, el cual concentra a las personas con remuneraciones por debajo de un salario mínimo, sin prestaciones, sin acceso a servicios de salud, sin contrato, o que se desempeñan en una empresa de un solo integrante. Es decir, alrededor de 29.8 millones de mexicanos, que representan 65.4% de la PEA ocupada en zonas urbanas, se encuentra en esa actividad.

La cifra contrasta de manera importante con los resultados que dio a conocer el INEGI recientemente. Según sus cifras, al tercer trimestre de este año, 14.2 millones de personas se desempeñaron en la economía subterránea, es decir, 29.2% de la población ocupada.

¿En qué radica la diferencia? El INEGI considera que el sector se integra por todas aquellas empresas no constituidas en sociedad que forman parte del sector de los hogares, dedicadas a la producción de bienes o servicios, con la finalidad primordial de generar empleo e ingreso para las personas. Por su parte, aregional evalúa otros puntos, aunque también se basa en información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que desarrolla el INEGI. Básicamente lo hace a partir de dos rubros: características de la unidad y la actividad económica. Al interior destacan seis variables: lugar de trabajo, registro ante autoridad fiscal y contabilidad, tamaño de la unidad económica, contrato por escrito, remuneración y prestaciones y acceso a servicios de salud.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México existe un sector informal relativamente grande para los estándares que define el organismo internacional.

En su opinión, la economía subterránea se relaciona con el desarrollo económico de un país, en especial con el ingreso per cápita y –en menor medida- con los resultados de aprendizaje.

En el caso de México, hay pruebas de que los empleados del sector informal sufren un castigo en sus sueldos, lo que en cierta medida puede ser indicativo de una brecha en la productividad .

LA REALIDAD NOS ALCANZÓ

En opinión del director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, la brecha que existe entre ambas mediciones revela la necesidad de que el INEGI amplíe su definición de informalidad para incorporar a la población que, bajo otras circunstancias no detalladas, sí se desempeñan dentro del sector, como aquella que no pagó impuestos.

La realidad supera las cifras del INEGI, lo cual afecta la aplicación de políticas públicas, ya que éstas se toman con base en datos oficiales .

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