“En energía, régimen de tierras da certeza acotada”

Las inversiones en nuevos proyectos energéticos corren el riesgo de perder viabilidad financiera si las empresas no logran acuerdos sobre la posesión de la tierra en las áreas donde pretenden asentarse, además de que, en muchos casos, como infraestructura de transporte, las empresas deberán negociar directamente con un gran número de propietarios entre los que conviven privados y ejidatarios, lo que podría complicar en los próximos años los planes en el sector.

Así lo explicó Mauricio Llamas, abogado de la firma Jones Day en México, quien aseguró que ya han iniciado algunas negociaciones de este tipo, aunque ninguna ha llegado hasta el último recurso conocido como servidumbre legal en que el Ejecutivo puede expropiar la tierra a sus dueños si se comprueba que se ocupará para explotación de bienes energéticos.

Es un régimen completamente nuevo en energía , dijo Llamas. Los antecedentes en minería y las condiciones de desplazamientos de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad no han sido siempre buenas y con eso comienzan las negociaciones los privados, en un país en que existe poco orden en términos de registro y por lo menos 49% es territorio agrario , agregó. Antes de que arranque cualquier proyecto, debe probarse su viabilidad social y ambiental. Posteriormente, se debe acreditar la posesión de la tierra y, para ello, las empresas deben negociar directamente su arrendamiento, usufructo o compra con contratos por terrenos privados en juzgados de distrito o ejidales en tribunales agrarios.

Pero ante cualquier desacuerdo comienza un proceso de negociación que se notifica a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Energía. Para ello se realizan avalúos en que se suma el valor de la tierra, la potencial pérdida por otras actividades, compensaciones por el daño que se genere al ecosistema y regalías que van desde 0.2% hasta 0.5% del valor de la producción, sólo en caso de extracción de hidrocarburos, no por proyectos eléctricos.

Si la negociación no culmina en seis meses, el inversionista puede desistir, pedir mediación directa de la Sedatu o acordar contraprestaciones adicionales en efectivo o especie, pero si tres meses después no hay acuerdo, los inversionistas solicitarán entonces al Ejecutivo que aplique la servidumbre legal.

Este proceso puede durar hasta año y medio, que para los planes de muchos inversionistas puede ser demasiado y hacer que se caigan los proyectos , explicó Llamas.

El experto ejemplificó que en proyectos como la construcción del gasoducto submarino Texas-Tuxpan, que además cuenta con planes para el transporte del hidrocarburo hasta el centro del país, la negociación se debe hacer con hasta 58 propietarios distintos, lo que demuestra la complejidad a que se enfrentarán los nuevos proyectos energéticos del país.

Crecen penalidades ?por daño al medio ambiente

Aunque a nivel constitucional, las actividades energéticas tienen preferencia por encima de cualquier otra en el país, hay dos condiciones que frenarán la construcción de proyectos de energía: que no logren la aprobación de la comunidad, en terrenos indígenas, o que se busquen asentar en áreas ecológicas protegidas, para lo cual la autoridad afina sus facultades mediante procesos que los inversionistas del nuevo régimen deberán tener claros.

Por lo pronto, la nueva legislación de carácter ambiental contiene multas que pasaron de 3.5 a nada menos que hasta 520 millones de pesos por cada multa en incidentes del sector energético en que se prueben prácticas con conocimiento del ilícito que se llevaba a cabo.

Estas multas serán independientes al pago que deben realizar por la remediación de las áreas afectadas, explicó Mauricio Llamas, abogado de la firma Jones Day en México, y aunque puede parecer baja para grandes proyectos como aguas profundas, tuvo un incremento importante que se espera impulse a incrementar las multas en el resto de las actividades potencialmente contaminantes en el país, que aún pagan multas de máximo 3.5 millones de pesos.

La minera petroquímica mexicana Mexichem podría ser la primera empresa en recibir una multa en el nuevo régimen, una vez que se determinen las causas de la explosión e incendio de la planta que operaba en sociedad con Petróleos Mexicanos, Clorados III, en Pajaritos, Veracruz.

Además, México es firmante del tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que también es indispensable que los nuevos proyectos energéticos cuenten con la aprobación comunitaria mediante una consulta previa en las comunidades indígenas.