Fue en el 2018 cuando la administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó una denuncia correspondiente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la comisión de posibles delitos relacionados con su relación con la empresa Telra Realty, indicó el director general de la hipotecaria del Estado, Carlos Martínez Velázquez.

En conferencia de prensa, Martínez Velázquez comentó que no había postura oficial del organismo que dirige respecto a los 2,000 millones de pesos que entregó el lunes pasado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ingresara a las arcas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que versiones extraoficiales apuntan a que ese dinero es parte de un contrato que el Infonavit celebró con Telra Realty por la cancelación de un programa de movilidad hitepocario que esta última iba a administrar.

“En el 2018, el Infonavit presentó una denuncia entonces ante la entonces de la PGR por la comisión posibles delitos relacionados por la celebración de contratos con Telra, la administración ha estado seguimiento a dicha carpeta de investigación la cual sigue su curso y su contenido está reservado en términos de la ley”, dijo Martínez Velázquez.

Asimismo, el funcionario apuntó que a la par de esta denuncia, la contraloría interna del Instituto abrió una investigación en septiembre del 2019 para deslindar las responsabilidades en caso de encontrarse alguna irregularidad entre la relación de esta empresa con el Infonavit.

“Lo único oficial del dinero (los 2,000 millones de pesos) que se recuperó como resultado del combate a la corrupción que está encabezando el gobierno es lo que dijo el fiscal (Gertz Manero) el lunes pasado en conferencia, todo lo demás no ha sido confirmado, por lo cual no vale la pena discutirlo”, declaró el funcionario ante los cuestionamientos sobre el origen de esos recursos.

En el 2015, el Infonavit firmó un contrato con Telra Realty con el fin de que esta última implementara y operara un programa de Movilidad Urbana, con el cual se comprometía la empresa privada a realizar al menos 100,000 acciones.

Posteriormente, en el 2017, el Infonavit decidió cancelar esos contratos y se vio obligado a pagar alrededor de 5,000 millones de pesos a la empresa privada. 

En el 2018, el Instituto decidió denunciar a la PGR las posibles anomalías de este proceso y el lunes pasado, sin decir el origen de los recursos recuperados, Gertz Manero le otorgó al presidente López Obrador un cheque con valor de 2,000 millones de pesos, bajo el argumento de que son los resultados de la lucha contra la corrupción.

kg