La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados acordó llevar a cabo este martes una mesa de diálogo con expertos convocados por las distintas bancadas para discutir las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos con que se pretende revocar permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles, entre otros cambios ante los cuales la industria prevé nuevos amparos.

En el Acuerdo difundido por esta Comisión que dictaminará los cambios a la Ley previo a su discusión y votación frente al resto de los diputados, se estableció que se difundirá la agenda de esta discusión para que una vez que se lleve a cabo la Comisión concluya con la revisión de la iniciativa, que pasaría al Pleno de la Cámara Baja, donde se discutirá y votará en lo general y particular para su envío al Senado.

Cabe recordar que durante el proceso legislativo de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que se encuentran suspendidas gracias a los ordenamientos de dos jueces especializados en competencia económica que siguen los juicios de amparos interpuestos por empresas, se realizó una reunión de parlamento abierto en la Cámara de diputados, sin que sus conclusiones llevaran a modificar aspecto alguno de la iniciativa. Ésta fue una de las quejas principales en reuniones entre industriales durante la aprobación de esa nueva Ley.

En el caso de la Ley de Hidrocarburos, las modificaciones prevén que, para ordenar el mercado según los argumentos del gobierno, se podrán revocar permisos de importación, distribución o comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad nacional y que sean reincidentes en conductas delictivas tanto de contrabando como de manipulaciones al volumen que se vende.  

La iniciativa presidencial tiene la lógica de devolver el mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex) que según cifras de la Secretaría de Energía se ha perdido 49% en el caso de la importación de diésel, una tercera parte en la importación de gasolina regular y 38% de las estaciones de servicio gasolinero, que ahora realizan privados.    

Según expertos, en juzgados la nueva ley enfrentará amparos que se centran en tres argumentos: la retroactividad de derechos adquiridos de los quejosos, las violaciones a la libre competencia y la expropiación de facto que provocará la suspensión de permisos.  

Como un antecedente a esta Ley, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía publicaron desde el 26 de diciembre un acuerdo para recortar de 20 a cinco años las vigencias de los permisos de importación de petrolíferos al país, mismo que fue suspendido hasta la sentencia del juicio de amparo que el juez de distrito especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó a un grupo que particulares.  

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