El trabajo del hogar, que realizan casi en totalidad las mujeres, ha sido una de las ocupaciones históricamente más invisibilizadas, desestimadas, infravaloradas e informales en el mercado laboral. En México hay alrededor de 2.5 millones de trabajadores del hogar, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi, más del 90% son mujeres que realizan actividades de servicio, limpieza y cuidados a terceros. Los pocos hombres en esta categoría se dedican a actividades como jardinería, arreglos o choferes privados.

De estos 2.5 millones todavía más del 75% presenta carencia de acceso a instituciones de seguridad social, salud, contratos de trabajo, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones mínimas establecidas por la ley.

El trabajo del hogar pareciera no ser trabajo, pero lo es, y entre la persona que da el empleo y la trabajadora existe una relación laboral que es urgente reconocer y validar ante las instituciones laborales. Especialmente en un contexto de crisis económica, el acceso efectivo a los derechos laborales puede hacer la diferencia entre la salud y la economía de las trabajadoras, dijo en entrevista con El Economista, Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva en el Inmujeres.

Ya previamente a la pandemia, las trabajadoras del hogar enfrentaban situaciones laborales de alto riesgo, violencia y marginación, mismas que se han potencializado en los últimos meses: a muchas trabajadoras de este sector se les impide la salida de sus lugares de trabajo, en otros casos se les obligó a continuar laborando aún cuando la indicación de las autoridades era otra, muchas más enfrentaron despidos injustificados o descansos sin goce de sueldo.

En otras situaciones se redujo la remuneración de las trabajadoras o se intensificaron sus tareas sin ajuste salarial, en todos los casos la violencia laboral en contra de las trabajadoras del hogar incrementó con la emergencia por Covid-19, comentó María de la Luz Padua Orihuela, secretaria general colegiada del Sinactraho entrevistada por El Economista.

“En el sindicato hemos recibido más de 200 quejas de atención a compañeras en las cuales la mayoría, el 90% sí se logró un cambio en su relación laboral debido a que la parte empleadora, justamente por la pandemia, violentó los derechos laborales de las compañeras”.

Aún con el programa piloto para la formalización de este trabajo, es decir, para la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), incluso antes de la llegada de la pandemia todavía no se lograba la inscripción ni siquiera del 5% de las trabajadoras domésticas; y se proyecta que con las bajas provocadas por la crisis este porcentaje se reduzca de manera importante.

“La razón fundamental por la que los empleadores no formalizan su relación laboral con sus trabajadores es simplemente porque pueden (…), a las familias les cuesta mucho verse, identificarse y responsabilizarse como empleadores y el cambio más que económico por la parte que les toca aportar debe ser sociocultural, en el sentido de reconocer, valorizar y tratar esta ocupación como lo que es: trabajo”, dijo Marta Ferreyra, también especialista en temas de género.

En México la estructura de discriminaciones es uno de los fenómenos más persistentes, el concepto del derecho de ciudadanía es fundamental para analizar la situación de alta vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas. “Las trabajadoras domésticas históricamente no han sido ciudadanos de pleno derecho, de ahí que por más leyes que existan para protegerlas, no logran hacer válido el uso efectivo de las mismas”, dijo.

Bajo esta perspectiva, es necesario que las autoridades acerquen los derechos, la información, la asesoría, la disponibilidad, la accesibilidad y las oportunidades a todos estos grupos que históricamente han estado fuera de ellas.

Después del fondo, la salida

La crisis Covid-19 llegó a desmantelar problemáticas persistentes, especialmente en el mercado laboral mexicano, y aunque profundizó de manera importante las vulnerabilidades, también puede jugar un papel de oportunidad para implementar nuevos ejes en todos los sectores y comenzar a erradicar dichas desventajas, aseguró la representante del Sinactraho (Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar).

La exposición de las diversidades territoriales y sociales en el sector deja también descubierta la necesidad de implementar políticas interseccionales que protejan de manera equitativa a las mujeres que se ocupan en el trabajo del hogar.

No es la misma situación para las trabajadoras en el norte o centro del país que en el sur; adicionalmente se identifica una gran parte de mujeres ocupadas en este sector que son migrantes, hablantes exclusivas de lenguas indígenas o jefas únicas de familia, se encuentran en circunstancias distintas a otras de sus compañeras. Por estas diversidades, las políticas deben estar encaminadas a entender esta problemática laboral no como un asunto exclusivo de formalización del empleo, sino de un problema de rezago laboral estructural e interseccional.

Si bien, la pandemia ha impactado de manera desproporcional a estos cerca de 2.5 millones de trabajadores, también se ha abierto una nueva puerta para identificar las carencias del programa piloto para formalización de estas ocupaciones. Además, se ha profundizado la acción y organización de las trabajadoras mismas, que es clave fundamental para formalización de este trabajo; pero sobretodo, para la visibilización y la valorización del mismo, dijo Ferreyra Beltrán.

En este sentido, a modo de causa y consecuencia, el hecho de cambiar la forma en la que se ve y se trata el trabajo remunerado del hogar es fundamental para que las empleadas de este sector tengan acceso pleno y efectivo a sus derechos laborales; desde un contrato formal, vacaciones, instituciones de salud para ellas y sus familias, hasta el derecho a una pensión o la adquisición de créditos hipotecarios.

La directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva en el Inmujeres enfatizó en la necesidad de que la creación de sindicatos y organizaciones de trabajadoras domésticas para ampliar y extender el diálogo tripartita, pero especialmente entre empleadores y trabajadoras, así como para visibilizar también que la formalización de estas ocupaciones no sólo beneficia a las trabajadoras sino a la sociedad en general.

A partir de la pandemia, con mayor fuerza, el sector de las trabajadoras del hogar busca que los derechos que tiene cualquier trabajador lleguen a este sector. La pandemia es un parteaguas para la generación de conciencia en ambas partes; formalizar el trabajo implica responsabilidades que las trabajadoras estamos dispuestas a asumir, nos queda continuar con el trabajo para que el mismo mensaje llegue a la parte empleadora.

“Las leyes ahora están escritas, sólo deben formalizarse y convertirse en una realidad. La organización, asesoramiento y las redes de apoyo han sido las herramientas más valiosas en la lucha por la dignificación de nuestro trabajo. El conocimiento nos llevará a ser realmente sujetas de derechos”, concluyó Padua Orihuela.

El Sinactraho inaugurará su sitio en línea el 18 de febrero del 2021, para ampliar los canales en los que las trabajadoras y trabajadores del hogar pueden buscar asesoría, información legal, seguimiento y atención para sus situaciones laborales.

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