La desavenencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los transportistas de gas natural por ducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ésta “heredó” de la pasada administración sigue sacando chispas.

Al término de la semana pasada, Enrique Ochoa Reza, diputado priista y quien fuera director general de la CFE del 2014 al 2016, negó que los contratos otorgados a los transportistas fueran “leoninos” como los calificó AMLO y, por otro lado, IEnova, una de las empresas con contrato de transporte, refirió que la información sobre costos del servicio divulgada por la CFE es equivocada.

En su conferencia de prensa matutina del jueves 21 de marzo, el presidente López Obrador expuso que la actual dirección de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett, identificó costos desproporcionados en contratos de servicio de transporte de una parte del gas natural que la estatal utiliza para generar electricidad.

En un comunicado de ese día, la CFE indicó también que la tasa de rentabilidad otorgada a algunos transportistas —no especificó cuáles— es de 16.9%, “siendo que la tasa regulada en México por el sistema nacional de ductos del Centro Nacional de Control del Gas Natural es de 10.6%, y en Estados Unidos y Canadá de 12 por ciento”.

Aunque no fue aludida en el comunicado de la CFE, IEnova, filial de la estadounidense Sempra, que tiene el contrato de un gasoducto en Sonora, afirmó que “las tasas de retorno y costos de transporte reales son significativamente inferiores a los difundidos en el comunicado de la CFE”.

Fue el 11 de febrero pasado cuando el presidente López Obrador tocó por primera vez el tema de los gasoductos contratados por la CFE durante la administración pasada, expresando su molestia, pues, dijo, estatal eléctrica ha erogado más de 62,000 millones de pesos desde el 2015 por la renta de siete gasoductos que no ha utilizado, ya sea porque siguen en construcción o no están funcionando.

Ochoa Reza aclara

Sobre este particular, Enrique Ochoa explicó en entrevista radiofónica para la cadena Radio fórmula que las cláusulas contractuales sí marcan que la CFE debe pagar la renta a las empresas cuando éstas suspenden el servicio por una causa de fuerza mayor —como es el caso de los siete gasoductos en conflicto—, pero el dinero “no se pierde, pues la CFE está protegida por contrato para recuperar el servicio por cualquier caso de fuerza mayor”.

“Ese dinero pagado le da un derecho contractual a la CFE para recibir un servicio adicional de transporte de gas por el mismo tiempo que ya pagó. Si, por ejemplo, paga tres meses por causa de fuerza mayor, la CFE tiene derecho a tres meses adicionales del contrato para recibir transporte de gas natural”, refirió el legislador.

El priista también negó que los contratos se hubieran aprobado sin la aprobación del consejo de la CFE —como afirmó López Obrador el jueves— y dijo contar con copias de las actas de las reuniones del consejo cuando fueron aprobados en el 2013. Recordó, además, que los servicios se otorgaron en licitaciones internacionales abiertas.

“Son 24 gasoductos, de los cuales 17 ya están funcionando y entregando beneficios para México. El gas natural es cuatro veces más barato que el combustóleo, y seis veces más barato que el diesel. La electricidad a partir del gas natural es, además, 50% más limpia que si se utiliza carbón”, defendió.

Entre las causas de fuerza mayor invocadas por las contratistas de la CFE se encuentran las protestas sociales y el sabotaje, como es el caso de IEnova.

El viernes, la empresa indicó que desde el 13 de febrero pasado se realizó una reunión de trabajo entre Manuel Ruiz Sacristán, presidente del consejo y presidente ejecutivo de IEnova, y de la directora general de IEnova, Tania Ortiz Mena, con Manuel Bartlett, “en donde se acordó establecer un grupo de trabajo para resolver el conflicto social que tiene suspendida la operación de un ducto de la empresa en Sonora y resolver las inquietudes de CFE respecto de dicho contrato”.