Chile: detectan colusión en venta de oxígeno durante pandemia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (FNE) a un cartel entre gaseras. Se trata de Indura y Linde, dos compañías que detentan alrededor del 77% del mercado nacional de gases industriales, medicinales y especiales (oxígeno, nitrógeno, argón e hidrógeno, entre otros), que habrían llegado a un acuerdo -al menos entre noviembre de 2019 y enero de 2021- para que cada una de ellas mantuviera los clientes que ya abastecía, con el compromiso de no disputarle los clientes a su competidora. A través de ese pacto, se buscaba aumentar los precios cobrados a los clientes, en línea con una política de rentabilización que ambas empresas perseguían.

Según la investigación, el origen del acuerdo se remonta a noviembre de 2019. Al día siguiente de asumir como gerente general, Torres se contactó con Novelli para agendar una reunión. El requerimiento de la FNE se dirige en contra de Indura y quien era su gerente general en ese periodo, Marcelo Torres; y también en contra de Linde, su exgerente general, Sergio Novelli, y otro ejecutivo de esa firma que se encargaba de controlar al equipo de ventas, David Lori.

El ente fiscalizador comenzó con su investigación en julio de 2019 y, durante ese proceso -que siguió adelante con el inicio de la pandemia-, se interceptaron comunicaciones y se accedió a los registros telefónicos de los implicados, lo que terminó con un allanamiento a los domicilios particulares de los ejecutivos el 26 de enero de 2021, desbaratando al cartel.

Tras esto, Linde y sus gerentes se acogieron al programa de delación compensada para aportar antecedentes, por lo que se solicitó que estos queden exentos de responsabilidad penal y multas, aunque sí podrían ser demandados por los afectados que quieran pedir una indemnización de perjuicios.

Para Indura, la FNE pidió una multa de 37,860 UTA (unos 31.3 millones de dólares, la segunda multa más alta que la Fiscalía ha pedido después de Brink’s en el caso del cartel de transporte de valores), y de 139 UTA (114,392 dólares) para Torres, su exCEO.

Entre los afectados estuvo tanto el sector industrial, que incluye firmas mineras, forestales, acuícolas, alimentarias, laboratorios y refinerías, entre otros, y concentra más del 80% de las ventas; como el medicinal, del que forman parte clínicas, hospitales y centros de salud.

Si bien en cuanto a este último sector se trata de menores montos, la FNE sostuvo que “reviste una especial gravedad”, puesto que la colusión habría afectado al sistema hospitalario chileno y, más aún, “al considerar que la infracción fue contemporánea a la pandemia de Covid-19, en donde el oxígeno medicinal jugó un rol clave”.