Argentina apelará condena de pago de YPF por estatización

El Gobierno apelará la sentencia de la jueza de primera instancia de Nueva York Loretta Preska que determinó el viernes que el Estado nacional de la Argentina deberá pagar unos 16,000 millones de dólares al fondo Burford Capital por la estatización de YPF en 2012.

Mientras en la oposición de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza brotaron las críticas hacia Axel Kicillof -el cerebro de la expropiación y actual gobernador de Buenos Aires en pugna por la reelección-, el oficialismo se abroqueló y asegura que no corresponde pagar más por aquella operación.

El fallo puso punto y aparte a un caso que lleva más de 8 años en los tribunales de los Estados Unidos. El siguiente rumbo que puede tomar es la Corte de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Justicia, aunque las perspectivas son sombrías.

Previamente, los jueces estadounidenses habían dictaminado que la estatización de YPF se debería juzgar en ese país, pues la empresa continúa teniendo la figura legal de una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa (New York Stock Exchange, NYSE, de Wall Street), con el 49% de sus acciones en manos del sector privado. En el medio del proceso de apelaciones, correrán intereses por cerca de 1500 millones de dólares por año.

Preska decidió que el estatuto de YPF tiene mayor valor que una ley del Congreso Nacional de la Argentina y que el Estado, al adquirir más del 15% de las acciones que tenía Repsol -por las que se pagaron con bonos 5000 millones de dólares más intereses-, debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los propietarios.

Kicillof, por su parte, vinculó el fallo con los fondos buitres y la campaña electoral. El gobernador aseguró que Vaca Muerta no sería posible sin la expropiación de YPF y señaló que "es una violación de la soberanía argentina".