México presentó ocho argumentos a la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los cuales cree que Estados Unidos violó las reglas de ese organismo al aplicar aranceles a importaciones de acero y aluminio y le dan derecho a aplicar represalias en consecuencia.

Adujo que las medidas en litigio constituyen, “de hecho y en esencia, medidas de salvaguardia” y resultan por tanto violatorias de varias cláusulas de GATT de 1994.

México expuso que Estados Unidos no ha cumplido con los requisitos sustantivos para imponer las medidas de salvaguardia, que incluyen, entre otros, una explicación razonada y adecuada sobre la “evolución imprevista de las circunstancias” por efecto de las obligaciones contraídas, del aumento de las importaciones en términos absolutos o relativos, de la existencia de un daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de Estados Unidos así como la relación causal entre ambos.

Asimismo, añadió, Estados Unidos no ha cumplido con los requisitos de procedimiento para aplicar una medida de esta naturaleza en cuanto a la investigación, el procedimiento de notificación, la oportunidad de ofrecer consultas a efecto de mantener un nivel de concesiones equivalente o de acordar una compensación, la duración y liberalización progresiva de sus medidas, la aplicación de las medidas durante el tiempo necesario para facilitar un reajuste, ni de que las medidas aplicadas sean conforme a sus obligaciones al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias.

México arguyó que su vecino del norte violó el artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias, dado que aplica sus medidas a productos originarios de países en desarrollo miembros de la OMC cuya parte dentro de las importaciones realizadas no excede de 3% y sin que los países en desarrollo miembros con una participación en las importaciones menor de 3% representen en conjunto más de 9% de las importaciones totales del producto.

Otra de sus argumentaciones es que Estados Unidos otorga un trato menos favorable que el previsto en su lista de concesiones y dado que han impuesto derechos de aduana a la importación sobre determinados productos de acero y aluminio que exceden de los derechos fijados en la parte 1 de la lista de concesiones y compromisos de los Estados Unidos anexa al GATT de 1994.

A la vez, Estados Unidos concede una ventaja, favor, privilegio o inmunidad a las importaciones de productos de acero y aluminio de otros miembros de la OMC que no se concede inmediatamente e incondicionalmente a las importaciones similares originarias de México. Dichas ventajas consisten en la exención de las medidas aplicadas así como la aplicación de medidas alternativas.

México planteó también que, a través de estas medidas, EU introduce de manera implícita restricciones en forma de contingentes, al reducir o limitar las importaciones de productos de acero y aluminio en comparación con los niveles comerciales existentes antes de las medidas, inhiben la posibilidad de su crecimiento.

 

Acusación de demócratas

Caótica, política comercial de Trump

Los demócratas en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes cuestionaron la falta de claridad del gobierno estadounidense respecto a la relación con China, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los aranceles a acero y aluminio.

Después de una reunión bipartidista con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, el demócrata Bill Pascrell dijo que la política comercial de la administración del presidente Donald Trump era más caótica que clara. “Ésta es una apariencia de claridad envuelta en un caos total”, dijo Pascrell, según reportó el medio estadounidense Inside US Trade. “Tenemos grandes problemas ahora, porque nos estamos distanciando de nuestros aliados sin ninguna razón. No sólo en términos de aranceles, sino en cómo tratamos a nuestros aliados en comparación con quienes sabemos que el principal culpable es todo esto: China”.

El republicano Kevin Brady instó a la administración a “permanecer en la mesa” con el objetivo de modernizar el TLCAN, el cual debería mantener, dijo, un mecanismo vinculante de solución de controversias y no debería incluir una cláusula de extinción automática. Lighthizer ha abogado por eliminar la solución de controversias entre inversores y estados y la inclusión de una cláusula de suspensión de cinco años.

Una fuente referida por el mismo medio refirió que Lighthizer abrió la reunión diciendo a los miembros del Comité que “el cambio requiere interrupción”. La fuente informó que Lighthizer reconoció preocupaciones sobre los riesgos económicos derivados de los aranceles pero dijo que estaba claro que “no se dejaría convencer por cualquier cosa”. (Roberto Morales)

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