La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el Acuerdo publicado esta semana por la Presidencia de la República, orientado a agilizar los trámites para la ejecución de obras públicas consideradas como de seguridad nacional, plantea riesgos para la competencia y libre concurrencia.

El martes de esta semana el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Este recurso administrativo instruye a un conjunto de dependencias federales para que otorguen a los ejecutantes de obras que sean consideradas de seguridad nacional una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de cinco días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta.

Con relación a dicha autorización, la Cofece alertó que su otorgamiento se plantea sin excepciones siempre que se mencione el carácter de seguridad nacional de la obra, aunque ello no esté plenamente justificado.

“Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, dijo en un comunicado.

Y agregó que el hecho de que una obra sea considerada de seguridad nacional no plantea necesariamente una excepción para sujetarse a los requisitos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículos 41, fracciones II y IV) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (artículo 42, fracciones II y IV).

“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, dijo el órgano antimonopolios.

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