El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, dijo que prefiere que haya incertidumbre entre los empresarios, a ser cómplice de corrupción. Por ello, anunció que sus asesores interpondrán amparos para evitar que el gobierno federal entregue nuevos contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).

Entrevistado luego de reunirse en la Ciudad de México con integrantes del Consejo de la Comunicación, el abanderado presidencial dijo entender que los empresarios quieran tener certeza sobre los negocios que tienen en la obra aeroportuaria. Sin embargo, refirió que no puede ser tolerante ni aceptar “contratos leoninos, contratos manchados de corrupción”.

Aseveró que se revisarían todos los convenios firmados, y aquellos que no tengan ningún cuestionamiento, se respetarán. “Ya hablé de que van a estar garantizados esos bonos, que los contratistas no van a ser afectados”, aseveró.

López Obrador refirió que Javier Jiménez Espriú, quien en caso de ganar las elecciones sería su secretario de Comunicaciones y Transportes, así como la exministra Olga Sánchez Cordero, quien sería su secretaria de Gobernación, serán los encargados de promover amparos ante la Secretaría de la Función Pública o ante el Poder Judicial, para que se detenga la firma de nuevos contratos de obra.

“El ingeniero Javier Jiménez Espriú va a empezar a analizar este caso con la licenciada Olga Sánchez Cordero, porque se va a proceder a presentar amparos, que no se sigan entregando los contratos a mediano y largo plazo, comprometiendo el presupuesto del gobierno federal. (...) Se está analizando si procede el amparo para ir a un juzgado, desde luego del Poder Judicial o es una instancia administrativa, como la Secretaría de la Función Pública”, expuso.

El candidato presidencial argumentó que el gobierno federal pretende heredarle una obra que compromete recursos del presupuesto, situación que lo ataría de manos, destacó, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio. Incluso, comparó esa situación, con el rescate financiero de 1995 (Fobaproa).

“Están queriendo comprometer contratos en estos meses, para Fibra E; se va a presentar un amparo para que se detenga ya la entrega de contratos, porque están entregando contratos para comprometer al gobierno próximo, amarrarnos las manos, que no tengamos recursos para hacer nada, y que estemos nada más pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, argumentó.

Afirmó que se la obra aeroportuaria presenta cada vez más hundimientos, e incluso, dijo, no han terminado ni si quiera las bases para construir las pistas.

Cuestionado sobre la demanda que le hizo el Consejo Coordinador Empresarial para que garantice la continuidad de la obra, Andrés Manuel López Obrador, se preguntó: “¿para que no haya incertidumbre, voy a convertirme en cómplice de la corrupción? No. Prefiero que haya incertidumbre, no voy a hacer cómplice de corrupción”. Finalmente, López Obrador dijo que no tiene nada contra el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, a quien pidió comprensión. “Quiero dejar en claro: soy respetuoso de las opiniones de los líderes empresariales, sobre todo de este señor que casi a diario declara en contra de nosotros, el del CCE, Juan Pablo Castañón. Yo soy muy respetuoso de lo que él diga, no hay ningún problema. Sólo le pido a él, que entienda que yo no me voy a dejar chantajear, que no voy a aceptar la corrupción”, concluyó.

amlo no tiene interés jurídico

Poco probable frenar contratos: constitucionalista

El abogado constitucionalista Miguel Carbonell consideró poco probable que, mediante un juicio de amparo, o bien por la vía administrativa a través de juzgados o la Secretaría de la Función Pública, se puedan frenar o cancelar contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como planteó el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Consultado por El Economista, el experto en derecho constitucional explicó que sólo vecinos o personas directamente afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto podrían interponer un recurso de amparo, “pero de entrada un candidato me parece que difícilmente tendría interés legítimo, que es lo que la ley de amparo exige. Tendría que demostrar que le está afectando a él, que está teniendo un perjuicio respecto de esos contratos”.

Expuso que los recursos de amparo se podrían promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, siempre que se argumente el interés legítimo sobre el recurso a interponer.

Precisó que sí es posible  acudir ante la Secretaría de la Función Pública, ya que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia cuando tenga noticias de algún acto indebido de alguna autoridad.

“Ahí sí no se requiere ser el directamente interesado, cualquier ciudadano que tenga noticias de algún acto que estuviera a cargo de algún funcionario público violatorio de la ley puede interponer la correspondiente denuncia de hechos. En esa parte no habría ningún problema. La Secretaría desahogaría el proceso que corresponda”, refirió.

Cuestionado respecto a si ve posible que por alguna de estas vías jurídicas se pueda revertir o detener algún contrato, dijo: “No, ninguno. Salvo que una empresa, por ejemplo, la ley de adquisiciones permite que una de las empresas involucradas en una licitación, por ejemplo, interpongan recursos para pedir la nulidad por algún proceso irregular, pero es una de las empresas que participó y que seguramente no ganó y tiene interés en ganar el contrato. Pero que un ciudadano pueda impugnar contratos que se estén dando, lo veo complicado desde el punto de vista jurídico”.

jorge.monroy@eleconomista.mx