Revocaciones a donatarias amenazan la continuidad de organizaciones civiles

En lo que es considerado por activistas sociales como una franca acción del gobierno en contra de organizaciones civiles, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se rehúsa a otorgar o renovar su condición de donatarias autorizadas a decenas de ellas, lo cual amenaza su existencia, pues sin ésta no pueden recibir donaciones deducibles de impuestos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el SAT de 2020 a 2026 se han registrado 1,444 revocaciones de condición de donatarias autorizadas a organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran varias que han documentado casos de corrupción y desatinos en programas gubernamentales.

Aunque varios líderes de esas organizaciones afectadas prefieren no declarar al respecto por considerar que se trata de un asunto muy delicado y han decidido concentrarse en lograr que el SAT vuelva a autorizar su carácter de donatarias autorizadas, quienes sí se han manifestado al respecto aseguran que se trata de una acción dirigida en contra de asociaciones críticas de la narrativa gubernamental.

En tanto, consultores fiscalistas especializados en el acompañamiento legal de organizaciones civiles, consideraron que, además del incremento en la rigurosidad al momento de procesar las solicitudes de acreditación y autorización de sus operaciones, las autoridades piden requisitos distintos.

Además, con frecuencia, el SAT rechaza las acreditaciones expedidas por diferentes instancias de gobierno, con el argumento de que la autoridad que la expidió no está facultada para ello, remarcan.

Mexicanos Contra la Corrupción se vio obligada a operar como AC

Entre las organizaciones civiles a las que el gobierno retiró la condición de donataria se encuentra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Eso ocurrió el 16 de diciembre de 2024 y la autoridad argumentó que no había llenado un documento en el sitio en internet de Conacyt.

Lo singular del caso es que ese trámite no lo pudo hacer porque la citada dependencia desapareció el 28 de noviembre de 2024 cuando se publicó el decreto mediante el cual se creó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) que asumiría sus funciones.

La ley establece que una organización que pierde la condición de donataria tiene un año para recuperarla.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), señala que si una organización civil no logra recuperar su autorización como donataria deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria que sí cuente con la autorización vigente.

En este caso, MCCI lleva 15 meses sin lograrlo. A principios de 2026 se vencía el plazo para recuperar la autorización. Aunque volvió a presentar la solicitud, hasta la semana pasada no había recibido respuesta, pese a que ya transcurrieron los 40 días establecidos para atender la petición formal.

Para poder seguir operando, MCCI se convirtió en asociación civil, con lo cual, si bien le permite hacer las actividades, no puede expedir recibos por concepto de donaciones deducibles de impuestos.

Lo delicado para esa organización, como para las demás que están en una situación similar, es que además de que ahora tienen que pagar el Impuesto Sobre la Renta, está imposibilitada para recibir aportaciones de fundaciones, porque éstas solo pueden hacerlas a aquellas que tienen carácter de donatarias autorizadas. Eso ha mermado considerablemente sus ingresos.

IMCO consiguió acreditación de Secihti pero el SAT no la admitió

En el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) fue notificado de la pérdida de la condición de organización civil donataria autorizada.

Para intentar recuperarla tramitó la acreditación de las tareas que realiza en materia de ciencia y tecnología ante la Secihti, la cual le fue otorgada tras presentar la evidencia y documentación de sus investigaciones y proyectos.

Sin embargo, el SAT determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y, por lo tanto, mantuvo la revocación del estatus de donataria autorizada.

Ante ello, solicitó nuevamente la acreditación ante la Secihti, pero esta vez la solicitud fue declarada improcedente.

Esa misma organización presentó el 18 de noviembre pasado al SAT, una nueva acreditación por actividades de desarrollo social y en este caso está pendiente de resolución.

El IMCO sigue operando, pero con la figura de asociación civil sin fines de lucro y mantiene sus actividades de investigación, análisis y propuestas de política pública, con apego a la ley.

Según la organización, desde 2023 cumple puntualmente con sus obligaciones fiscales de pago de impuestos, declaraciones informativas, reportes conforme a la Ley Antilavado y la declaración informativa de transparencia por los donativos recibidos.

Mexicanos Primero y México Evalúa esperan respuesta 

Por otra parte, la organización Mexicanos Primero presentó el 19 de diciembre de 2025, al SAT una solicitud de autorización como donataria, sustentada en la documentación y requisitos legales correspondientes y espera respuesta.

Según su presidenta Ejecutiva, Patricia Vázquez Mercado, confía que la autoridad tomará una decisión apegada a derecho y en beneficio de la sociedad civil.

En tanto México Evalúa presentó la solicitud correspondiente ante el SAT en diciembre de 2025 junto con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente para recuperar el estatus de donataria.

Actualmente, el proceso sigue su curso y está en espera de la resolución de la autoridad dentro de los plazos legales.

Retirarles condición de donatarias autorizadas no fue una decisión política, asegura la presidenta

El 24 de marzo pasado, la Secretaría de Hacienda y el SAT emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que en 2025 revocaron la autorización como donatarias a 270 organizaciones civiles por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Indicaron que, en algunos casos, fue por no presentar un documento que acredita que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro, pero, una vez que cumplan con tal requisito podrán solicitar nuevamente la autorización.

El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la revocación de la autorización como donatarias de varias organizaciones civiles fue producto de evaluaciones estrictamente técnicas del SAT y no es una decisión política del gobierno.

Hay una política direccionada contra organizaciones civiles: María Amparo Casar 

Al respecto, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar expuso que estamos ante una política activa direccionada claramente en contra de organizaciones civiles que resultan molestas al gobierno porque contravienen su narrativa.

En entrevista señaló que eso las ha colocado en una situación de muchísima incertidumbre.

Opinó que esta situación forma parte de una tendencia iniciada al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo, dijo, ha sido debilitar contrapesos, tanto los que constituyen los poderes Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos, así como los no gubernamentales, como las organizaciones de la sociedad civil.

“Se inscribe en una tendencia hacia el empobrecimiento y debilitamiento de la democracia”.

Dijo que tal parece que ahora está penado por el gobierno que una organización civil haga trabajo social.

Para la reconocida activista, si bien esta situación no puede considerarse como persecución u hostigamiento, como ha ocurrido en Nicaragua o Venezuela, pues aquí opera un proceso en su contra más inteligente y paulatino, lo que sí hay es “una política activa para borrar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”.

“No estamos siendo perseguidos políticamente, pero sí estamos siendo perseguidos en el sentido financiero”.

En ese sentido mencionó que tanto MCCI como sus donantes son objeto de constantes auditorías.

La intención es reducir organizaciones civiles: Hatziri Recillas

Hatziri Recillas, consultora especializada en proyectos sociales, directora de Dakshina AC, dijo que todo parece indicar que la intención del gobierno es reducir el número de organizaciones civiles que operan en México.

Sin embargo, dijo que ante las limitantes del gobierno para solucionar todos los problemas públicos es necesario el trabajo de este tipo de organizaciones civiles.

En entrevista, destacó que el problema es que actualmente, aun cuando esas organizaciones cuenten con las mejores estructuras operativas, están perdiendo su condición de donatarias acreditadas porque simplemente las autoridades no han establecido un camino definido para otorgar la certificación.

En opinión de la especialista, se trata de un vacío administrativo y eso se convierte en el mecanismo perfecto para que no haya más donatarias en México y para ir cerrando las existentes.

Concretamente, cada tres años las organizaciones civiles deben renovar la acreditación de que en realidad hacen lo que ellos manifiestan hacer (su objetivo social) y lo debe expedir una entidad de gobierno.

Con ese documento se solicita ante el SAT la acreditación como donataria autorizada.

El problema es que el SAT exige que en el documento de certificación se exponga en qué consisten las actividades que realiza la aspirante a donataria autorizada y la forma en que las acreditó, indicando el lugar o la ciudad en que se realizan, así como los fundamentos legales de las competencias de la autoridad que lo emite.

La consultora destacó que es aquí donde surge el problema, porque las autoridades acreditantes no tienen un camino legal definido para otorgar el documento.

Salvo tres o cuatro dependencias, las secretarías de Estado no tienen establecido quién ni cómo deben expedir ese tipo de documentos, por lo tanto, no pueden poner cuáles son los fundamentos legales y, en consecuencia, el SAT rechaza los documentos.

Cada año el gobierno publica la lista de las organizaciones que se les ha revocado ese carácter y las que se mantienen como tales.

Lo delicado, señala, es que se reduce el ecosistema de organizaciones, pero los problemas sociales cuya solución es la causa de cada una de ellas persisten.

Por ello, al eliminar asociaciones civiles, al reducir la posibilidad de acceder a donaciones para seguir operando, los más afectados son los mexicanos que se benefician del trabajo y ayuda de esas organizaciones, reiteró.