Ya es oficial. Europa ha hecho públicas las condiciones que impondrá a España por el rescate a la banca. Habrá más intervención de Europa y menos competencias para el Ministerio de Economía. Las cajas podrían verse obligadas a deshacerse de su posición de control en los bancos y la preferentes y la deuda subordinada asumirán pérdidas.

La hoja de ruta que deberá seguir España como contrapartida del rescate a la banca ya está clara. Europa ha hecho público el borrador del Memorando de Entendimiento (MoU) acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero y en él constan 32 condiciones, cada una acompañada con la fecha precisa en la que debe estar en marcha. Algunas son macroeconómicas, otras restan competencias al Ministerio de Economía en favor del Banco de España (siempre bajo la tutela del Banco Central Europeo) y también las hay, y muchas, que recaen sobre el sector financiero.

Son 20 las páginas que comprometen el futuro económico y financiero de España con los deseos de Bruselas y en algunas el Gobierno tendrá que asumir cuestiones con las que no ha estado de acuerdo en el pasado, según recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario. Y no solo en las condiciones macroeconómicas, a las que le ata la exigencia de cumplir a rajatabla con la rebaja del déficit, sino también en el campo financiero. ¿La más dolorosa? La que obliga a liquidar entidades. Pero Bruselas es tajante: España debe estar preparada para ello.

Las candidatas a este final son cuatro, todas ellas citadas en el memorando con nombres y apellidos. Son las que ya son propiedad del Estado:

  • Bankia
  • Catalunya Caixa
  • NGC Banco
  • Banco de Valencia

Estas cuatro entidades forman parte del llamado Grupo 1 que identifica Bruselas, las entidades que son públicas porque sus problemas han llevado a la nacionalización. Su futuro tendrá que estar diseñado antes de mediados de agosto. Para identificar el resto de los grupos habrá que esperar a los test de estrés a la banca que están realizando las cuatro grandes auditoras y que tutelará una consultora privada.

En octubre se conocerán los resultados, según el calendario de Bruselas. De ahí surgirá el Grupo 0, el lugar al que todos los bancos querrán pertenecer porque ahí estarán quienes no necesiten ni capital ni acciones adicionales. Pero también habrá un Grupo 2, donde se inscribirán las entidades que necesitarán capital y serán incapaces de encontrarlo por sí mismas. España tendrá que tener listos planes de reestructuración para ellas en octubre y tampoco se descarta que alguna de ellas sea liquidada.

Por último, está el Grupo 3, con entidades convencidas de que podrán resolver por ellas mismas su falta de capital. También en octubre tendrán que presentar planes creíbles de recapitalización y hacerlo a través de bonos contingentes convertibles (los famosos cocos) si la necesidad de ampliar capital supera un determinado umbral.

Además, las cajas de ahorros podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial, según se desprende del borrador. España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".

En todo caso, España deberá ofrecer un programa de cumplimiento para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.

En el MoU, las autoridades españolas se comprometen a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora (ahora en manos del Ministerio de Economía) y de concesión de licencias para la banca española.

Los bancos que reciban ayudas deberán además transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación, recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el salario de sus ejecutivos.

Asimismo, aquellos inversores que posean títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus participaciones.

Como parte del acuerdo con Europa, el Gobierno español se compromete también a informar, con carácter semanal, del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, del nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.

En alianza informativa con CincoDías.com

RDS