La llamada lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que exhibe a aquellas empresas que presuntamente simulan operaciones, trae consigo daños colaterales a los contribuyentes.

“El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación (CFF) -el cual trata del listado del SAT- representa muchos retos no sólo en su interpretación, sino en su aplicación y el alcance que la autoridad le da”, aseveró Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En un coloquio enfocado en el artículo 69B, la titular de la Prodecon precisó que es indiscutible la importancia que tiene este artículo ya que exhibe a las empresas fantasmas; sin embargo, el ombudsman fiscal ha detectado problemas que tienen los contribuyentes por dicho listado.

"Se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes. Hemos conocido casos en que la autoridad utiliza en 69B en contribuyentes que sí están localizados pero omitieron alguna declaración. O bien, lo están utilizando con empresas que tienen modelos de negocio con pocos activos", refirió Diana Bernal.

Incluso, agregó, la autoridad fiscal ha aplicado el 69B a contribuyentes que ya se encuentran sujetos a una auditoría por discrepancias fiscales.

“¿Qué pasa cuando te suben al listado? Te bajan la cortina. Si a una empresa la suben al listado le causan prejuicios trascendentes en su actividad comercial”, acotó la titular de la Prodecon.

El artículo 69-B –aprobado con la reforma hacendaria del 2014- indica que cuando el fisco detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan las facturas emitidas, o bien dichos contribuyentes no se localizan, la autoridad presumirá la inexistencia de las operaciones.

El fisco debe avisarle al contribuyente a través del buzón tributario así como del Diario Oficial de la Federación (DOF), para que puedan desvirtuar -en un plazo de 15 días a partir de la última de las notificaciones- los hechos. Si transcurrido el plazo los contribuyentes no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva, o bien una vez admitidas y valoradas no se desvirtúan los hechos, se les considerará como personas fiscales que definitivamente emitieron facturas apócrifas y serán publicados en el DOF.

Manuel Sainz Orantes, socio en Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cía, agregó que otras empresas y personas físicas que se ven afectadas por el 69B son aquellas que reciben comprobantes de empresas fantasmas sin que se den cuenta. 

Indicó que si bien la autoridad actualiza el listado cada 15 días, muchas empresas no revisan si sus proveedores se encuentran dentro de éste. "Grandes empresas tienen programas para detectarlos en el listado, pero empresas pequeñas no y pueden terminar perjudicadas". 

Anteriormente, la titular de la Prodecon expuso a El Economista la preocupación del ombudsman fiscal ante esta situación ya que al final el contribuyente que recibe una factura de una empresa fantasma también queda, ante el fisco, como un simulador de operaciones.

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