Sin modificar ni una coma y tras casi siete horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el paquete de reformas que endurece las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en México, al equiparar la comisión de tales delitos con delincuencia organizada, cuya investigación ameritará prisión preventiva oficiosa. En lo general, el decreto fue avalado por 318 votos de diputados federales de Morena, PT, PES, PVEM y MC; los del PAN, PRI y PRD votaron en contra. Luego de la presentación de un sinnúmero de reservas de modificación al dictamen por legisladores panistas, priistas y hasta morenistas, de las que no se aceptó ninguna, el tablero electrónico reportó la siguiente votación, en lo particular: 276 a favor, 144 en contra y 16 abstenciones.

Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja en funciones de presidenta, remitió el decreto al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.

El famoso paquete legal contra la facturación falsa y empresas fantasma modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

En su turno a la tribuna, Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien no habló a nombre del referido grupo plural de trabajo sino de la bancada parlamentaria del Partido Acción Nacional, reconoció que es grave el problema de la nociva práctica de expedición, compra y venta de comprobantes fiscales que ampara operaciones inexistentes, pero explicó que las autoridades ya cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para combatirlo de manera eficaz.

“Inclusive, las autoridades, en sus ponencias, han señalado expresamente que son más de 11,000 factureros”.

En su opinión, la reforma “genera una amenaza de intrusión en el ámbito de los particulares y no sólo de los factureros, quebrantando el derecho fundamental de privacidad a los contribuyentes ajenos a dichas conductas y los que son de buena fe”.

Advirtió que una vez vigentes los cambios aprobados “cualquier contribuyente podrá ser víctima de la aplicación de técnicas de investigación altamente intrusivas al derecho de privacidad como son la intervención de comunicaciones en telefonía, mensajería, correos electrónicos, o de agentes encubiertos y testigos colaboradores, delatores o protegidos”.

Por la Comisión de Hacienda, Marco Medina Pérez (Morena), su secretario, estableció que el objeto primordial de la enmienda es el combate a la defraudación fiscal en el país. Detalló que el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada incluirá la defraudación fiscal y la equiparada, delitos que se considerarán como amenazas a la seguridad nacional, y que ameritará prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, entre los que destaca la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas fantasma baste remitirse a datos que son, por lo menos, preocupantes. Sólo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300,000 millones de pesos al año, lo que equivale a 5% de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que, del 2014 al 2019, no han llegado a las arcas públicas”.

Por la Comisión de Justicia, Rubén Cayetano García (Morena), secretario, explicó que de lo que se trata es de combatir la corrupción y la impunidad existente en la materia, y aclaró que las sanciones no aplicarán a todos los contribuyentes, sino únicamente a quienes evadan contribuciones superiores a aproximadamente 7.8 millones de pesos.