El accionar de los bancos al eliminar alguna relación con un intermediario no bancario por percibirlo con cierto grado de riesgo en cuestión de lavado de dinero —lo que se conoce como de-risking— es una barrera para avanzar en la inclusión financiera en el país, donde 25 millones de personas no están bancarizadas, indicó Mario di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En entrevista, el exfuncionario indicó que desde su paso por la Condusef, del 2013 al 2018, hubo quejas de varios intermediarios no bancarios por el cierre de cuentas de bancos, por lo que el organismo fue interlocutor entre las entidades involucradas y otras autoridades, para buscar resolver la problemática.

“Al cerrarles las cuentas bancarias se puede generar un problema de pagos y liquidez de estas empresas, y las puede llevar una situación de quiebra (...) Es una medida que atenta contra la inclusión financiera”, detalló el expresidente de la Condusef.

Ayer, este medio informó sobre el cierre de 18 cuentas que Scotiabank hizo, “por una decisión de negocio”, a tres sociedades financieras comunitarias (sofincos), que atienden en su mayoría a personas indígenas y en comunidades rurales. Di Costanzo detalló que muchas de estas sofincos operan zonas desatendidas por los bancos, por lo que cerrarles las cuentas las pone en riesgo, y por ende se cerraría el servicio a sus socios.

“El banco no les dice (a las sofincos) en qué están motivando su decisión. La banca es un servicio público, ellos no pueden invocar que por así convenir a sus intereses terminan la relación”, opinó el exfuncionario, quien añadió que debe haber una participación más activa de la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hasta del mismo Banco del Bienestar para poder corregir la problemática.

Actuar justificado.

Para Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), la medida de los bancos de terminar una relación con un intermediario no bancario es adecuada, por la importancia de prevenirse ante un riesgo de lavado de dinero.

“Los bancos analizan las operaciones y relaciones comerciales que tengan una alta probabilidad de lavado de dinero y determinan el riesgo para definir si aceptan o no depósitos”, declaró Sánchez Tello.

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