Cuatro estados reprueban en materia de fiscalización

Cuatro de las 32 entidades federativas del país reprobaron en materia de fiscalización y rendición de cuentas, según un análisis realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

Se trata de Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Baja California, de acuerdo con el estudio: ¿Por qué gastan así?, Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público, al cual El Economista tuvo acceso.

De acuerdo con el documento -que será presentado hoy de manera oficial-, las cuatro entidades obtuvieron una puntuación inferior a 60 unidades, en una escala de 0 a 100.

Aspectos evaluados

El sistema de evaluación consideró aspectos como reglamentación de leyes de fiscalización superior estatal, atribuciones y límites de las auditorías superiores, reglamentación en el nombramiento de personal auditor y sus modos de operación.

Las malas calificaciones, de acuerdo con el análisis, obedecen -en gran medida- a la carencia de un marco legal que asegure la autonomía y el buen desempeño de los principales responsables de la transparencia estatal: los auditores superiores.

En un escenario ideal, esos funcionarios deberían de estar facultados y protegidos para responder directamente a los intereses de las poblaciones estatales, situación que no sucede así en las entidades peor evaluadas.

En ellas no está reglamentado que para ser elegido algún candidato para auditor superior, éste no debió haber ejercido algún cargo en la Hacienda pública o en algún partido político, mientras que tampoco se establecen causales que conduzcan a una remoción del titular de área de fiscalización de las entidades.

El investigador del CIDAC, Marco Cancino, destacó que la carencia de una legislación que salvaguarde la autonomía de decisión de un auditor superior estatal compromete en gran medida la efectividad de toda la institución, al estar sujeto a presiones o pleitesías para con los gobiernos locales.

Polos opuestos

Campeche obtuvo la evaluación más baja. En todos los rubros analizados registró 0 puntos, dado que la ley de fiscalización del estado carece de cualquier definición que estipule las facultades del ente fiscalizador local, así como los procesos internos y formas de trabajo del órgano, además de no brindarle autonomía técnica.

En el caso del Distrito Federal, su normatividad no establece ninguna facultad con los recursos fiscalizables (participaciones). El experto explicó que en el caso del Distrito Federal podría ser que la Auditoría Superior de la Federación cubra esa carencia, dado que tiene facultades sobre todos los estados de la República Mexicana.

El objetivo

El documento hace hincapié en que el objetivo de la fiscalización es verificar que el manejo y la aplicación de fondos y los recursos de los poderes de la unión y de los entes públicos estén apegados a la normatividad, sean de calidad y permitan generar un impacto social, por lo que es de vital importancia la transparencia de los órganos reguladores.

En contraparte, las entidades con mejor evaluación fueron: Hidalgo (con 94 puntos), Nayarit (93), Oaxaca, Chihuahua y Puebla (90, cada uno). En todos los casos son considerados como los mejor preparados para las operaciones de fiscalización.

Las principales características calificadas como buenas de las legislaciones por el CIDAC son: la posibilidad de fiscalizar fideicomisos públicos federales y privados con recursos públicos; la existencia de un servicio fiscalizador de carrera, y una capacidad sin barreras de auditar fondos públicos o privados que hagan uso de ellos.

Básicamente, las leyes en la mayoría de los estados tienen altos niveles de opacidad, ambigüedad y discrecionalidad. Al carecer de un marco legal que regule las funciones de una instancia de fiscalización superior, lo que está pasando es que realmente no se pueden definir sus funciones específicas, de tal manera que no puede hacer ese trabajo de revisar las cuentas públicas , comentó el analista.

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