El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es uno de los aliados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir las operaciones y deducciones simuladas por algunos contribuyentes, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En su libro Factura Electrónica en América Latina, el BID precisó que el CFDI ha permitido implementar nuevas medidas de carácter administrativo ante casos de facturas apócrifas emitidas por Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y que son adquiridas por Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).

“Básicamente, las EFOS y las EDOS siguen patrones de comportamiento que implican fraudes hacia el fisco, específicamente realizando deducciones con comprobantes falsos o simulando operaciones inexistentes. Una vez que se encuentra la prueba de que una empresa utilizó documentación fraudulenta, se inicia un proceso legal”, aseveró el BID.

De acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuando el SAT detecte que un contribuyente ha estado emitiendo facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan las facturas emitidas, o bien, dichos contribuyentes no se localizan, el fisco presumirá la inexistencia de las operaciones.

Lo anterior se originó con la reforma hacendaria del 2014, en la cual se expuso que la evasión fiscal perjudicaba la recaudación de impuestos, los cuales son destinados a sufragar el gasto público. De acuerdo con estimaciones del Colegio de México, del 2007 al 2011 la evasión fue por aproximadamente 210,000 millones de dólares.

El BID indicó que, si bien el SAT logró disminuir la evasión fiscal con la implementación de un sistema de facturación digital, esto también llevó a que los contribuyentes buscaran nuevas formas de evasión con el uso del CFDI.

“Tal es el caso del intercambio de comprobantes fiscales, que en esencia consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables, aunque los conceptos que se plasman en los mismos carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no es proporcional a las cantidades que amparan los referidos comprobantes”, explicó.

EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

En su libro, el BID expone que la factura electrónica ha sido de gran ayuda para los sistemas tributarios de América Latina para combatir la evasión fiscal y tener una mayor transparencia tributaria.

“La factura electrónica fue introducida por las administraciones tributarias como un control documental del proceso de facturación, tanto para evitar omisiones de declaraciones de venta, como para evitar que las empresas declarasen compras falsas”, explicó el banco.

Agregó que la factura electrónica no sólo ha permitido a los fiscos realizar una mejor y mayor fiscalización de las transacciones económicas, sino que también ha ofrecido innovaciones que favorecen al contribuyente, como es el caso de la nómina salarial electrónica en Argentina, la vigilancia de la mercadería en tránsito y la contabilidad electrónica en Brasil y el factoring en Chile.

El BID destacó que la factura electrónica dinamiza la economía y la transparencia de los países que la implementan, esto debido a la inmediatez que brinda a las transacciones económicas entre los contribuyentes. Asimismo, genera beneficios de modernización administrativa a los causantes, que a su vez disminuyen los costos administrativos, y mejora significativamente la seguridad de la información contable.

Además, la factura ha generado mejoras en la recaudación tributaria. De acuerdo con el estudio, ha tenido un impacto positivo en lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta en cinco jurisdicciones en donde se ha implementado: Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay.

“La implementación de la factura electrónica es un instrumento prometedor para el aumento en el cumplimiento voluntario de parte de las empresas en sus deberes con el fisco. Esto es de especial importancia en la región donde los niveles de recaudación y cumplimiento son relativamente bajos, comparados con los de los países más desarrollados”, concluyó el estudio.

ana.martinez@eleconomista.mx