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Proponen derecho a dejar el trabajo sin pérdida de salario en casos de violencia laboral
La reforma del Senado a la LFT busca proteger a quienes enfrentan violencia o acoso laboral, al permitirles alejarse temporalmente de situaciones de riesgo sin perder su salario ni empleo.

La reforma del Senado a la LFT busca proteger a quienes enfrentan violencia o acoso laboral.
Las personas trabajadoras que estén en peligro debido a actos de violencia o acoso podrían abandonar su puesto sin sufrir represalias en su salario, gracias a una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca establecer este permiso.
La propuesta promovida por la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea adicionar el artículo 135 Bis a la LFT para que, en casos de violencia y acoso en el centro de trabajo, las personas puedan ausentarse de sus actividades laborales para alejarse de la situación que las ponga en riesgo.
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La legisladora señala que, si bien la LFT permite rescindir la relación laboral por determinados supuestos de violencia, esta no brinda una alternativa para que las personas puedan apartarse temporalmente del peligro conservando su empleo.
“Un sistema normativo orientado a la prevención debe contemplar vías para denunciar, investigar, sancionar o reparar, así como herramientas que permitan interrumpir la exposición al peligro cuando la protección no puede esperar a la conclusión de un procedimiento”, menciona en su exposición de motivos.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa de González Silva plantea que cuando una persona tenga motivos razonables y comprobables para considerar que existe un peligro grave e inminente para su vida, salud o seguridad, debido a actos de violencia o acoso en el centro de trabajo, tendrá derecho a interrumpir temporalmente sus labores.
El trabajador podrá alejarse sin que ello implique sufrir represalias u otras consecuencias laborales indebidas; además, el empleador deberá valorar el caso y, a su vez, adoptar las medidas necesarias de protección.
“La violencia laboral como un problema recurrente puede relacionarse con consecuencias relevantes para la salud mental, entre ellas depresión, estrés laboral, ansiedad y pérdida de autoestima, además de favorecer la rotación de personal”, indica la senadora.
Asimismo, la propuesta señala que el patrón tendría que valorar el riesgo y adoptar medidas de protección antes de exigir el retorno a la situación peligrosa, mientras que la ausencia de la persona trabajadora en su puesto no se traducirá en abandono del trabajo, falta injustificada ni causa de rescisión de la relación laboral.
Para garantizar la máxima protección de sus derechos, cuando la persona trabajadora permanezca a disposición del empleador, pero se encuentre bajo condiciones de seguridad y se activen las medidas de protección, conservará su salario durante el tiempo necesario para ponerse a salvo.
Necesario un derecho para ausentarse por violencia laboral
Según el Informe de evaluación jurídica del Convenio 190, la Recomendación 206 y la legislación mexicana de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la LFT no ofrece a las personas trabajadoras opciones para alejarse de una situación de violencia laboral sin que peligre su empleo, aun cuando el Convenio lo establece.
“Se recomienda legislar para reconocer el derecho de cualquier persona trabajadora de alejarse de cualquier situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos razonables para considerar que esta presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso”, sugiere el documento.
Una encuesta sobre experiencias de violencia y acoso en el trabajo de la OIT estima que más de una de cada cinco personas empleadas ha experimentado al menos una forma de violencia y acoso durante su vida laboral. De estas, 17.9% vivió violencia y acoso psicológicos, 8.5% físicos y 6.3% sexuales. No obstante, solo la mitad comunicó su experiencia.
En ese contexto la propuesta de reforma refiere que el derecho a ausentarse del puesto de trabajo debe entenderse como una medida preventiva de carácter temporal. “No debilita la disciplina laboral, sino que define un supuesto excepcional, sometido a elementos precisos en el que la protección de la vida, salud o seguridad debe prevalecer”, detalla la senadora.
Por ahora, la propuesta de reforma está pendiente de evaluación. En caso de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá 120 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias.
Lo anterior incluye emitir disposiciones administrativas, lineamientos, criterios de inspección e instrumentos que permitan garantizar la adecuada aplicación de la reforma. Por su parte, los empleadores contarán con 180 días naturales para adecuar sus protocolos, los cuales no podrán condicionar ni diferir el ejercicio del nuevo derecho.


