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Urge el rescate del transporte público tras los impactos de la pandemia
El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40% de la población en México (50 millones de personas), y del cual dependen más de 160 mil empleos y representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75% de la organización del sector.
Nuevos trolebuses, se encuentran circulando por Eje Central aunque tambiÈn hay algunos Verdes que continuan dando el servicio, en trayectos cortos.FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Hoy los núcleos urbanos suponen solo el 1% del territorio a nivel mundial, pero consumen más del 75% de la energía y producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son los grandes subsistemas económicos donde se concentra la producción y el consumo, dentro de las mayores afectaciones se encuentra el de transporte rodado al que corresponde el 75% de las emisiones del sector.
Por ello en los últimos años el tema de la movilidad urbana ha buscado la eficiencia del transporte colectivo en estos espacios urbanos. El impacto del transporte no sólo afecta al medio ambiente sino también a la salud de la ciudadanía, con distintos niveles y formas de contaminación; por ejemplo, el ruido, este es uno de los impactos con menor aceptación social ya que repercute directamente en la calidad de vida de la población.
Aunque en los últimos años la movilidad urbana se ha puesto en el centro de atención de algunos gobiernos y organismos no gubernamentales, la pandemia ha generado todavía mayores retos para el sector y en México no es la excepción, por ello el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), proponen un Programa de apoyo financiero para el sector del transporte público, el cual ha acumulado pérdidas por 19,500 millones de pesos, por disminución de demanda y falta de apoyos desde inicios del confinamiento.
Para generar sistemas de tránsito inteligente, con una verdadera gestión de la demanda, planificación urbana, que rescate lo existente y finalmente promueva el uso de tecnologías no contaminantes para el transporte público, se requiere una inversión estimada de 323,000 millones de pesos, así lo dio a conocer WRI, durante la presentación de este plan que consta de tres etapas, con una visión a seis años, pero además para garantizar en el corto plazo la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público de las principales ciudades del país.
Durante la emergencia sanitaria, la caída en la demanda fue estimada en un 60%; al momento se mantiene en un 30%. La reducción en la demanda se tradujo en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Las pérdidas se estiman hasta en un 40% del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte.
Plan de rescate a corto, mediano y largo plazo
Una primera etapa invita a que se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
Para la segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial; promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago; así como la implantación de carriles segregados para autobuses y control de la operación.
En una tercera etapa con una visión de 3 a 6 años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes. En este sentido se proponen medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal, el pago de tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional.
