En nuestro país, la brecha entre los estados que tienen mayores posibilidades y los que tienen menores o mínimas posibilidades de movilidad social, es decir, entre aquellas poblaciones cuyos individuos están en posibilidades de mejorar su situación socioeconómica y otras donde las aspiraciones son prácticamente nulas o incluso negativas, es evidente en la geografía.

En los estados de la zona noroccidental: Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, junto con la Ciudad de México, tienen un índice de persistencia (población imposibilitada para mejorar su situación) de 27% o menor. En estas entidades, escapar de la pobreza es mucho más fácil. En contraparte, en los estados predominantemente del sur-sureste: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán, así como el Estado de México, 52% o más de aquellos que nacen en un hogar de bajo nivel socioeconómico cuando son adultos está obligado a permanecer en la misma condición.

Estos datos se dieron a conocer como parte de los resultados de la investigación Desigualdad y Movilidad Social en México, efectuada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y El Colegio de México (Colmex), en el marco del programa de investigación para una mejor comprensión de las desigualdades financiado por la Unión Europea y coordinado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) a partir de un análisis de las 32 entidades federativas, sin precedente en el país.

Los resultados fueron presentados por los equipos del CEEY y El Colmex al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, ahí presente.

“Encontramos una fractura social del país. Los beneficios de la modernización económica se centran en el norte y en el sur son limitados. Tenemos que atender de manera prioritaria, urgente, el sur-sureste del país. El caso de Chiapas es trágico: el grado de movilidad social ascendente es, incluso, negativo. Hay peores oportunidades al día de hoy para los chiapanecos que lo que tuvieron sus padres. Se requieren intervenciones integrales, territorialmente diferenciadas entre generaciones, con enfoque de género y familia”, urgió Raymundo Campos, profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colmex.

Percepciones y políticas públicas

La economista Aurora Ramírez, profesora-investigadora del CEE de El Colmex, expuso que, de acuerdo con una encuesta urbana representativa, cuya muestra es de alrededor de 2,500 personas en siete ciudades, los entrevistados consideran que se deben ganar 38,248 pesos mensuales por persona para ser considerado rico y que 35% de la población puede acceder a este ingreso; sin embargo, según cifras oficiales, menos de 1% goza de dichos ingresos. Es decir, la percepción de la riqueza para los mexicanos está distanciada de la realidad.

También fueron consultados sobre la percepción de los mexicanos acerca de la fracción de ingresos que aportan en impuestos. Lo encuestados opinaron que pagan mucho más impuestos de los que realmente aportan: creen que pagan alrededor de 39% de sus ingresos en impuestos y desearían pagar únicamente 22 por ciento. Paradójicamente, según cifras oficiales, los mexicanos realmente aportan 22.1% de su salario.

“Lo que estamos viendo en el país es un problema de divergencia. No solamente no hay movilidad social, como se señala en el estudio, sino que estos estados (los de menos movilidad social) están cada vez teniendo un nivel de ingreso muchísimo más separado al del resto del país. Esto supondría que tenemos que cambiar las condiciones. Ésa es la lógica que está detrás de los proyectos de infraestructura”, explicó el secretario de Hacienda.

Con base en los datos, agregó que es una obligación de las instituciones ofrecer claridad a la población sobre las políticas públicas y acerca de sus obligaciones fiscales.

“A diferencia de como antes hacíamos las cosas en Hacienda, habrá que invertir esto y tener una discusión absolutamente abierta, transparente y clara de quiénes tendríamos que pagar y para quién irían los recursos. Y si en esa discusión no resulta una reforma relevante, fue porque ésa es la decisión que tomaron los mexicanos. Eso va a requerir tener una posición ética ante un país en el que hay muchísimas injusticias”.

Se tomaron en cuenta tres variables fundamentales para el estudio:

• Ritmo de crecimiento económico

• Hacinamiento (ausencia de infraestructura social)

• Mayor empleo juvenil (menores oportunidades de formación de capital humano)

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