El precio único del libro: balance

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer su dictamen. El último obstáculo a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, el amparo interpuesto por Librerías Porrúa, fue descartado. La Corte determinó que la ley es constitucional.

Aprovechando la reaparición del tema y el Día Mundial del Libro, los objetores de siempre argumentaron la misma lista de lugares comunes y vestiduras desgarradas en nombre de la competencia y el libre mercado. Nada nuevo.

Lo que se antoja es revisar cómo se ha implementado la ley, cómo funciona de facto y el verdadero alcance que ha tenido o no para fomentar la lectura.

Desde un inicio, el punto controversial ha sido el tema del precio único, por varias razones. La primera es el convencimiento de algunos de las bondades innegables del libre mercado. Cuando Fox vetó la primera versión de la ley, por recomendación de la Comisión Federal de Competencia, muchos aplaudieron asumiendo que pensar distinto al libre mercado era ser algo así como retrógrada.

No me voy a detener en que el puro gesto de un Presidente dado a las ocurrencias bastaba para cuestionar que a lo mejor no todo era tan claro. Se presuponía que limitar el precio limitaba la competencia libre entre los vendedores de libros, cuando en realidad implicaba precisamente lo contrario.

En la venta de libros nunca hubo libre competencia. Había por un lado editores tratando de vender el mayor número de ejemplares, y por otro, cuatro diferentes tipos de actores: Las grandes superficies, para quienes el libro es igual a un pollo o una lata de atún. Las cadenas mayores (Educal y Sanborns). Las cadenas menores (Gandhi, Sótano, Porrúa, FCE y Gonvill), y los pobres de la fiesta: las librerías independientes.

La lógica del mercado dicta que los editores den mayor descuento a los que más venden. Por lo tanto, los tres primeros actores del mundo editorial podían jugar con ese margen y transferirlo haciendo descuento al público. Eso llevó a que vendieran más, y exigieran mayor margen y condiciones a los editores, que, acorralados en su propio juego, vieron como única alternativa subir el precio de lista. El público que compraba en estas tiendas no objetaba: tenían descuento. El resto del mundo que se pudra por no saber competir bien.

La lógica perversa de este modelo nos lleva a un segundo nivel donde no sólo se trata de librerías eficaces e ineficaces, redituables u obsoletas, sino con libros eficaces (que se venden) e ineficaces (que no). La calidad literaria medida en ventas y en la necesidad, de esos primeros tres actores de tener mayor rentabilidad por metro cuadrado (exceptuando Educal), lleva a reducir no sólo el número de librerías, sino el de títulos disponibles.

El precio único siempre se pensó como un mecanismo indirecto de fomento a la lectura. Se pretendía que las librerías independientes sobrevivieran y que su propia existencia redituara en la oferta de libros y el acceso a ellos por parte de los lectores. El precio único no fue, como alguien decía en Twitter, para que la gente pagara precio Sanborns en lugar de precio Gandhi.

Hoy en día, por lo menos en el grueso de libros editados en México, si un lector se encuentra el libro que busca en donde sea, sabe que cuesta exactamente lo mismo comprarlo ahí que en cualquier otro lado. Por primera vez, los libreros pueden, pensaría uno, competir a través de esos dos supuestos ideales del mercado comercial: servicio y surtido.

Lo cierto es que en el primero puede uno lucirse lo que guste, pero para el segundo todavía el librero depende de que la editorial le haga llegar ejemplares de los libros. Y la mayoría de éstos se siguen distribuyendo primero a los tres actores mayoritarios del mercado.

Los teóricos de la conspiración juraban que los editores enloquecerían al poder fijar el precio. Nos cobrarán lo que quieran. Los libros serán carísimos. Detrás de ese argumento había la presunción de que esos libros y editores son de alguna manera indispensables, y estamos obligados a pagar lo que pidan. Mientras que la misma lógica de mercado dicta que, si venden caro, venderán menos.

Al día de hoy, sólo un editor nacional subió marcadamente sus precios después de la entrada en vigor de la ley: Random House Mondadori, uno de los más grandes impulsores de la ley. Su alza de precios, tuvo, sin embargo, menos que ver con teorías de conspiración, y más con un cambio en las políticas de la trasnacional a raíz de la situación económica en España. Otras editoriales bajaron moderadamente sus precios y ajustaron sus descuentos a proveedores.

Los libros más caros que encontramos en México no son los que se encarecieron por el precio único, sino los importados. Ésos que entran en el vacío que provoca una mala reglamentación de la ley. Muchos de esos libros y sus distribuidores siguen viviendo como si no existiera tal: Precios altos y descuentos atractivos en cadenas, los demás lectores y libreros que se jodan.

A todos los que dicen que la ley no sirve porque no abren más librerías, habría que decirles que gracias a ella muchos libreros independientes hemos sobrevivido. Nuestras librerías, por lo menos en muchos de los títulos más comerciales y mayor circulación, dejaron de ser escaparates donde la gente identificaba lo que iba a comprar más barato en otro lado.

En las estadísticas los datos pueden parecer hasta prometedores. Según la Caniem, la venta de ejemplares de libros que había venido en caída del 2006 al 2009 empieza a recuperarse. El número de librerías que iba también en picada (42,045 en el 2006; 39,999 en el 2010) se recupera en el 2011 (40,345).

Si no se ha logrado el objetivo planteado por la ley, es por otras razones. La primera es la pobrísima reglamentación. Es una ley sin sanción, lo que lleva a que sea cumplida casi por buena voluntad o coerción comercial. El grupo más grande de editores nacionales dejó muy claro que si no respetaban la ley con sus catálogos, no se les vendería más. Ese esfuerzo valió para que el esquema funcione de facto. Aunque docenas de editoriales pequeñas y casi todos los importadores hacen lo que les viene en gana.

Segunda razón: No se ha implementado en todos los libros. Su aplicación es trunca y a medias. No fomenta la lectura ni la apertura de librerías, apenas ayuda a que no desaparezcan más, aunque eso ya es, en un país con una librería por cada 200,000 habitantes, ganancia.

Hay una tercera razón que merecería explorarse a fondo. El modelo económico que rige a las grandes casas editoriales es el modelo europeo, centrado en el alemán y en la rentabilidad por metro cuadrado. Es el mundo de la bola de cristal: el librero debe tener sólo los libros que va a vender, para ello se barajan fórmulas de consignación contra devolución. Es un modelo que presupone que todos los libros se comportan como las novedades del último semestre. No importa que el porcentaje de desplazamiento del resto requiere el doble o triple de exhibición para venderse. ¿Cuál es la rentabilidad de tener las obras completas de Coetzee si se puede usar ese espacio para el más reciente libro de escándalo político?

Finalmente, porque el resto de mecanismos establecidos en la ley (lo que no tienen que ver con el precio único y sí con el fomento las bibliotecas, la educación y demás) no se ha implementado en forma óptima. Las razones exceden las posibilidades de este espacio.

Twitter @rgarciamainou