Ante la filtración de un borrador que contiene 26 artículos en 28 páginas y sobre el que presuntamente se estaría trabajando una iniciativa de la nueva Ley de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) a propuesta del gobierno federal y del grupo parlamentario de Morena, la comunidad científica alzó la ceja y expuso diversas preocupaciones, al tiempo que al interior de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se desconoce la existencia del documento.

El texto al que tuvo acceso El Economista, de acuerdo con los investigadores consultados, contiene ambigüedades como definir qué es una agenda de Estado y promover un gobierno centralizado y vertical, además que propone la desaparición de órganos autónomos para ser absorbidos por un nuevo órgano central que se denominaría Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Otro eje es que no considera de ninguna manera la posible autonomía de los centros de investigación o una propuesta de una Ley al respecto.

Los académicos señalan también “que se ponen candados al tema de la libertad académica, con una visión ideologizada del quehacer científico, que sugiere temas específicos de investigación con una lista temática que se ciñe a los PRONACES, contrario a lo que una Ley General debería abordar, pues los temas  específicos excluyen otras muchas temáticas relevantes”.

Los científicos e investigadores han señalado que se requiere de una ciencia básica libre y no condicionada y que se espera que la nueva ley garantice la gobernanza de la comunidad científica a través de figuras de consulta y evaluación sólidamente conformadas, con libertad de investigación y sin depender de los intereses políticos.

Sostienen que a la ciencia se le quiere asignar temas que no le corresponden, como pobreza y desigualdad; ello no quiere decir que no haya proyectos dirigidos hacia esas problemáticas, pero no es la instancia  para abordar esos temas.

Por otra parte, han recalcado que la visión de que la ciencia es para el Estado y no por encima del Estado, niega la libertad de investigación.

Hasta ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no ha confirmado que el documento haya sido de su autoría, y tampoco la Comisión de Ciencia y Tecnología en San Lázaro; sin embargo, aseguró la comisión que ha habido acercamiento con el Senado de la República para evaluar el procedimiento a fin de celebrar un parlamento abierto; pero hasta este martes, y faltando poco días para la discusión de una nueva ley de CIT, no se ha recibido en el Legislativo un documento formal (iniciativa) por parte del Conacyt, pero sí las propuestas presentadas por la Red ProCienciaMx y la Rednacecyt.

nelly.toche@eleconomista.mx 

kg