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Vinculadas con el crimen, hasta 30,000 infancias
De acuerdo con los datos presentados durante la mesa, al menos 45.9% de las mujeres cuidadoras consultadas afirmó sentirse frecuentemente o siempre como la única responsable del bienestar de las personas bajo su cuidado.
Analistas afirman que el que familiares estén presos influye en la trayectoria de los menores.
La Universidad Iberoamericana (Ibero) advirtió que más de 30,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar vinculados con alguna forma de crimen organizado en México, mientras que uno de cada 10 menores de entre 13 y 15 años de edad habría reportado haber tenido contacto con grupos criminales.
Durante una mesa de análisis sobre políticas públicas e infancias, especialistas alertaron que factores como la pobreza, falta de oportunidades educativas, la debilidad institucional, el encarcelamiento de familiares y las desigualdades en las tareas de cuidado pueden modificar de manera determinante las trayectorias de vida de niñas, niños y adolescentes.
La doctora Corina Giacomello, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, explicó que el encarcelamiento de uno de los progenitores puede modificar los arreglos de cuidado, reducir los ingresos familiares, afectar la convivencia y alterar las trayectorias escolares.
Laura Pedraza, del Centro de Estudios Críticos de Género de la IBERO, señaló que las desigualdades también están presentes dentro de los hogares.
De acuerdo con los datos presentados durante el evento, 45.9% de las mujeres cuidadoras consultadas afirmó sentirse frecuentemente o siempre como la única responsable del bienestar de las personas bajo su cuidado.
Factores que determinan
Por su parte, el doctor Irving Rosales, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, opinó que en contextos de pobreza y debilidad institucional, las alternativas que enfrentan algunas familias pueden ir más allá de la disyuntiva entre enviar a sus hijos a la escuela o permitirles trabajar.
El académico planteó, durante la mesa Incidencia y análisis de políticas públicas relacionadas con las infancias, que dos factores resultan fundamentales para modificar estas decisiones: la calidad de la educación y la fortaleza del Estado de Derecho.
La primera determina si estudiar representa una posibilidad real para mejorar los ingresos y las condiciones de vida en el futuro, mientras que la segunda influye en los costos y beneficios que puede representar para una persona involucrarse en actividades ilegales.
Trabajo infantil
Rosales señaló que las políticas públicas destinadas a combatir el trabajo infantil pueden generar consecuencias no previstas si se concentran únicamente en prohibir la contratación de menores sin modificar las condiciones económicas y sociales que llevan a las familias a depender de esos ingresos.
Como ejemplo, mencionó el caso de Bangladesh, donde durante la década de 1990 miles de menores fueron despedidos de la industria textil tras presiones internacionales contra el trabajo infantil.