Ven riesgos para libertad de expresión con regulación

Con cualquier regulación en materia de libertad de expresión se corre el riesgo de asfixiar un derecho fundamental que de por sí ya se ha visto afectado por el autoritarismo, la polarización y la concentración de poder, alertaron especialistas en la materia.

Durante el conversatorio: “El futuro de la libertad de expresión”, los relatores de libertad de expresión de la ONU y CIDH, y expertas señalaron que en el marco de la discusión sobre la creación de mecanismos en materia de derecho a las audiencias, hay riesgos de caer en una sobreregulación a cargo del Estado.

Leopoldo Maldonado, nuevo relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, sostuvo que lo más tentador siempre es la regulación, no obstante, el tema es cómo y sobre qué se regula, ya “que hoy mismo se está discutiendo desde las llamadas democracias consolidadas no sólo sobre qué se puede hablar, sino quién puede hablar”.

En este sentido, alertó que estamos ante una disputa por el sentido de la libertad de expresión, pues hay quien manipula la información según su ideología, intereses económicos y políticos en una sociedad cada vez más polarizada.

Asimismo, destacó que desde hace 50 años no se había visto una situación tan complicada en materia de libertad de expresión, que va emparejado con el retroceso que implica la captura de instituciones, el acabar con los contrapesos y atacar a las voces críticas del periodismo o sociedad civil.

A la vez que hay un grupo de propietarios de la conversación pública a nivel global que están modelando lo que se dice y cómo se ve, a través de sistemas de visibilidad y algoritmos, lo que se traduce en una concentración de la conversación pública en manos de corporaciones tecnológicas globales.

Por su parte, Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que hay un peligro de sobrerregular la libertad de expresión que puede asfixiar este derecho clave.

“La libertad de expresión es un derecho catalizador de poderes y si bien hay facultades de regulación permitidas, el sobrerregular asfixia un derecho clave”, sostuvo.

En este contexto, el relator advirtió que “el chequeo es muy importante en la lucha contra la desinformación y la manipulación (…) el chequeo gubernamental no es bueno, no importa si es este u otro gobierno, simplemente el chequeo gubernamental no es bueno porque es una parte interesada en el debate público”.

No obstante, señaló que eso no quiere decir que el gobierno no pueda participar a través de otras acciones como el financiamiento independiente de monitoreo.

“Llevar al Estado como el remedio al déficit de calidad del periodismo es un salto al vacío muy arriesgado porque lleva a preguntar quién va a vigilar esos lineamientos y quien es el que va a determinar si un contenido es desinformación ya que lo va a hacer alguien que tiene interés en la controversia”, dijo.

Y es que subrayó que mejorar la calidad del debate público es distinto a usar el poder estatal para que te comportes de una manera distinta, para que hagas el trabajo que haces de una forma en la que al gobierno le parezca adecuada.

En tanto, Mariana Calderón, directora General del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, expresó que la censura se ha instaurado a través de mecanismos indirectos, como pueden ser los litigios, lineamientos e instrumentos legales del Estado que inhiben el debate público.

Por lo que destacó que más allá de regular la conversación, el Estado debería estar regulando el cómo abrir más espacios y dar más información.

“La tendencia está siendo desacreditar a quien piensa diferente, deberíamos enfocarnos en fomentar que todos pensemos diferente y escuchar a quienes piensan diferente.

“El estado debería como principio ideológico ver cómo fomentar que las opiniones divergentes se escuchen y se puedan confrontar”, enfatizó.

Finalizó señalando que lo que se necesita es más libertad de expresión y resulta absurdo que en la difusión que hay sobre derechos de la audiencias es pensar que la solución para reconocer este derecho de audiencia es restringir la libertad de expresión al construir un sistema restrictivo.