Estas son las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a cárteles y empresas mexicanas en lo que va de 2026

En lo que va de 2026, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado de forma constante su ofensiva contra las redes financieras del crimen organizado mexicano. A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, Washington ha impuesto sanciones contra presuntos líderes de cárteles, operadores financieros, empresas, hoteles, casinos y otros negocios que, según sus investigaciones, sirven para financiar o lavar recursos de organizaciones criminales.

Las medidas forman parte de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump tras designar como organizaciones narcoterroristas a varios cárteles mexicanos. La consecuencia inmediata para los sancionados es el bloqueo de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar operaciones financieras o comerciales con personas o empresas de Estados Unidos.

Este es el recuento de las principales sanciones anunciadas durante 2026. 

Febrero: golpe al turismo vinculado al CJNG

El 19 de febrero, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, al que señala de formar parte de una red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del resort, fueron incluidos en la lista negra cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas relacionadas con el grupo empresarial.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red habría defraudado a miles de ciudadanos estadounidenses mediante esquemas de tiempos compartidos, con pérdidas estimadas en alrededor de 300 millones de dólares. También fue sancionado Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo turístico. 

Abril: casinos, operadores del CDN y un activista

En abril, la atención se dirigió al Cártel del Noreste (CDN), organización con presencia en Tamaulipas.

Estados Unidos sancionó a los casinos Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tampico, bajo la acusación de ser utilizados para lavar dinero y almacenar drogas.

La lista también incluyó a operadores presuntamente ligados al grupo criminal, entre ellos Eduardo Javier Islas Valdez, alias "Crosty", así como al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado por brindar apoyo jurídico al cártel.

Uno de los casos que más polémica generó fue el de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El Departamento del Tesoro lo acusó de colaborar con el CDN bajo la apariencia de defensor de derechos humanos.

El activista rechazó las acusaciones y sostuvo que las sanciones buscan desacreditar tres décadas de trabajo documentando presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas.

Mayo: nueva ofensiva contra el Cártel de Sinaloa

El 20 de mayo, Washington anunció sanciones contra más de una docena de personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Entre los principales señalados figura Armando Ojeda Avilés, identificado como operador clave para el lavado de dinero, así como Jesús "Chuy" González Peñuela, por quien Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares.

También fueron incluidos presuntos operadores financieros y familiares que administraban negocios como una empresa de seguridad privada y un restaurante en Chihuahua, utilizados, según el Departamento del Tesoro, para ocultar recursos procedentes del tráfico de fentanilo.

El anuncio se produjo semanas después de que fiscales estadounidenses acusaran al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el cártel, caso que elevó la tensión diplomática entre ambos países.

Junio: el "huachicol" entra en la mira

El 30 de junio, Estados Unidos dirigió sus sanciones hacia el tráfico ilegal de combustibles, conocido en México como huachicol.

Las medidas alcanzaron a los empresarios Óscar Juraidini y J. Refugio Ruiz Villagómez, además de nueve empresas bajo su control, acusados de contrabandear combustible valuado en decenas de millones de dólares para beneficiar al CJNG.

Según el Departamento del Tesoro, esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, aprovechando el intercambio de petróleo y combustibles entre México y Estados Unidos.

Washington señaló que, tras una alerta emitida al sistema financiero en 2025, recibió alrededor de 160 reportes de operaciones sospechosas por un valor cercano a los 7,000 millones de dólares, relacionadas principalmente con redes del CJNG. 

Julio: sanciones contra el nuevo liderazgo del CJNG

La acción más reciente ocurrió el 23 de julio, cuando el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Juan Carlos Valencia, alias "El Pelón" o "El 03", identificado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante un operativo militar en México.

La OFAC también incluyó alrededor de 50 personas y empresas presuntamente relacionadas con la estructura financiera del grupo criminal.

Entre ellas aparecen compañías del sector energético, constructoras, empresas textiles, tiendas de alimentos, licorerías y tequilerías como El Origen del Tequila, además de negocios vinculados con operadores como Gerardo Botello Rozales, alias "El Cachas".

La lista incorpora además a presuntos responsables de exportación de cocaína, sicarios y una red de personas encargadas de recolectar dinero en efectivo en Estados Unidos para transferirlo posteriormente a México y lavar recursos del cártel. 

¿Qué implican estas sanciones?

Las sanciones de la OFAC no constituyen condenas penales, pero sí representan una de las herramientas más importantes de presión financiera utilizadas por Estados Unidos.

Quienes son incluidos en estas listas tienen bloqueados sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y quedan impedidos de realizar transacciones con ciudadanos, empresas o instituciones financieras de ese país.

Además del impacto económico, estas designaciones suelen dificultar el acceso al sistema financiero internacional, ya que numerosas instituciones privadas toman como referencia las listas del Departamento del Tesoro para restringir operaciones con personas o empresas señaladas.