Sheinbaum y Conagua presumen fin al "mercado negro del agua" con nueva ley

El gobierno federal informó que la nueva Ley de Aguas representa un cambio estructural para garantizar el acceso equitativo al recurso y poner fin a prácticas de acaparamiento, especulación y uso ilegal que se consolidaron durante el periodo neoliberal.

Durante la presentación de los alcances de la reforma, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aseguró que la legislación elimina las transmisiones de concesiones entre particulares, mecanismo que —dijo— permitió la creación de un “mercado negro del agua”.

“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua”, sostuvo Morales López.

El funcionario explicó que, bajo el esquema anterior, concesiones otorgadas para uso agrícola eran transferidas a actividades industriales, inmobiliarias o de servicios, generando ganancias millonarias. Como ejemplo, citó un caso en Zacatecas donde siete títulos de concesión se transformaron en 50, lo que representó ingresos de hasta 54 millones de pesos para un particular.

Asimismo, señaló que la nueva ley busca frenar la especulación en acuíferos sobreexplotados, como el de la región de Laguna de Hormigas, en Chihuahua, donde se detectaron concesiones sin infraestructura real, presuntamente otorgadas para su posterior venta.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este modelo impedía que usuarios legítimos accedieran al recurso. “Si este acuífero permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya estaba concesionado a alguien que nunca lo usó, otra persona que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerlo”, detalló.

Casos de abuso y sanciones

Entre los ejemplos expuestos, autoridades señalaron a la familia del diputado federal Mario Calzada, en Querétaro, que contaba con concesiones de uso agrícola —exentas de pago— pero que, en la práctica, utilizaba el agua para abastecer desarrollos inmobiliarios y venderla en pipas.

“Mientras la gente a un lado no tiene agua, se utilizaban concesiones agrícolas para lucrar”, acusó la primeara mandataria, al señalar que dichas concesiones ya fueron retiradas y los aprovechamientos clausurados.

También se documentaron casos de perforación ilegal de pozos en Nayarit, donde el agua era vendida en pipas con precios de hasta 5,000 pesos, así como tomas clandestinas en infraestructura hidráulica en Los Cabos, Baja California Sur, donde el recurso era desviado antes de llegar a la población.

Morales López indicó que, con la nueva legislación, estas prácticas podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.5 millones de pesos e incluso penas de prisión de hasta cinco años.

Adeudos y regulación de empresas

El titular de Conagua también informó que se han detectado irregularidades en empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, por acaparamiento, sobreexplotación y falta de pago de derechos.

En uno de los casos, detalló que se identificaron adeudos por 234 millones de pesos, de los cuales ya se han cubierto parcialmente, mientras que en otro se registraban incumplimientos en medidores, descargas sin autorización y pagos incompletos.

Ante esto, hizo un llamado a las empresas a regularizar su situación, al advertir que existe un adeudo presuntivo cercano a los 12 billones de pesos, con riesgo de sanciones y cancelación de concesiones.

Más recaudación y control

Según los datos oficiales, la implementación de la nueva ley permitió incrementar la recaudación en 2025 en alrededor de 3,000 millones de pesos, con una proyección de aumento adicional de 6,300 millones en 2026.

Además, se han realizado más de 7,000 inspecciones, de las cuales más de 1,000 derivaron en clausuras por uso ilegal del agua.