Plazos vencidos en Congreso quedan en la impunidad

El Congreso de la Unión incumplió desde hace un año y tres meses el plazo que los propios senadores y diputados federales establecieron en la Constitución para expedir la ley general en materia en materia indígena y afromexicana, pero no hay sanción por la omisión, coincidieron los especialistas Juvenal Lobato y Fernando Dworak.

“Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna sanción por el hecho de que el Congreso no emita, dentro del propio plazo que se fijó, la ley correspondiente. Esto es algo que jurídicamente se conoce como una norma imperfecta. No hay una sanción por sí, o en sí mismo, para el Congreso”, afirmó Lobato, constitucionalista de la UNAM.

Explicó que solamente en el caso de que alguien reclamara la omisión de la autoridad, en este caso de los legisladores, habría alguna sanción jurídica.

“Es decir, que hubiera un juicio de amparo en el que se reclamara la omisión de emitir la ley correspondiente. Si no fuera así, y mientras no lo hagan, no la emitan, no hay una sanción per se. Eso sería desde el punto de vista jurídico”.

Pero desde el punto de vista político, consideró, “habla de un desinterés sobre el tema” el hecho de que “el propio Congreso no cumpla con su tarea y dentro del propio plazo que se fijó… Razón jurídica, razón técnica, no encuentro ninguna, más que una cuestión de desinterés en el tema”.

El hecho de que los legisladores no cumplan con los plazos que ellos mismos establecen, opinó, sí afecta a los ciudadanos en la medida en que no reglamentan reformas constitucionales que el propio Congreso hace.

Dworak, experto en temas legislativos, dijo que no hay impacto por el incumplimiento referido.

“En realidad no hay ninguna consecuencia; esos plazos que se establecen, por lo general en los artículos transitorios de la reforma, no son vinculantes. Es decir, no hay una obligatoriedad para que se cumplan y al no haber una obligatoriedad tampoco hay consecuencias de que no se cumplan. No es vinculante. No hay mecanismos para obligarlos (a cumplir con el plazo establecido).

“Por ejemplo, llevamos varias décadas con respecto a que se iba a expedir una cartilla de identidad, desde la primera reforma electoral del 89 y nunca sucedió. Es decir, son cosas que, obviamente, no son vinculantes; no hay ningún castigo por ello”.

Plazos

Aprobada por el Congreso el 28 de septiembre del 2024, la reforma constitucional del Artículo 2 de la Constitución, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo decreto fue publicado dos días después en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fijó un plazo de seis meses, contados a partir del 1 de octubre siguiente, para la expedición de la ley secundaria en materia indígena y afromexicana, mismo que venció el 29 de marzo del año pasado.

“El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, debe expedir la ley general de la materia y armonizar el marco jurídico de las leyes que correspondan, para adecuarlo al contenido del presente Decreto”, establece el artículo Tercero transitorio de la citada reforma constitucional.

El 4 de marzo del año pasado el diputado federal Alfredo Vázquez (Morena) presentó de manera formal la iniciativa para expedir la “Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”. Es la única propuesta en análisis en el Congreso mexicano, a la fecha.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el pasado lunes el arranque de la consulta a los 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y las 16,728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas sobre la iniciativa en ciernes de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que en su calidad de titular del Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.