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Nuevo marco hídrico limita respuesta ante sequías
Aunque la medida reconoce derechos sociales, el documento advirtió riesgos financieros para operadores estatales y municipales.
La reforma centraliza la gestión de concesiones al eliminar su transmisión entre particulares y crea un Registro Nacional del Agua más estricto.
Una de las modificaciones clave del nuevo marco hídrico en México es el cambio en la forma de reducir concesiones por sobreexplotación: el enfoque pasó de uno preventivo y pro-persona a un esquema regulado por decretos específicos —vedas, zonas reglamentadas o de reserva— y sujeto a procedimientos formales.
Según el documento titulado “El nuevo cauce del agua en México: un análisis de las reformas en materia hídrica”, elaborado por BBVA Research el ajuste fortalece la gobernanza jurídica del agua, pero limita la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante emergencias como las recientes sequías que ha vivido el país en la última década.
El documento subrayó que, si bien se mantiene la prioridad del uso doméstico, la reducción de volúmenes concesionados ahora se encauza por instrumentos regulatorios y valoraciones técnicas, atendiendo a demandas de sectores productivos que alertaron sobre pérdida de certidumbre y valor de sus predios.
No obstante, el ajuste implica que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenga menor margen para redistribuciones rápidas en contextos críticos.
Según explicó el análisis, la nueva Ley General de Aguas —con 45 artículos— refuerza el derecho humano al agua y prohíbe la suspensión total del suministro doméstico por falta de pago, obligando a garantizar un mínimo vital.
Aunque la medida reconoce derechos sociales, el documento advirtió riesgos financieros para operadores estatales y municipales: en promedio, el cobro por derechos de agua representa 23% de los ingresos locales, y en 2023 solo 69% del agua facturada se recaudó a nivel nacional, con fuertes disparidades entre entidades.
Centralización de concesiones
En paralelo, se detalló que la reforma centraliza la gestión de concesiones al eliminar su transmisión entre particulares y crea un Registro Nacional del Agua más estricto y con mayor carga de cumplimiento.
El análisis concluyó que el reto será equilibrar justicia social, viabilidad financiera y resiliencia hídrica; pues, mientras el nuevo marco robustece la rectoría del Estado y la certeza jurídica, la menor flexibilidad operativa ante sequías y la presión sobre finanzas locales obligan a diseñar tarifas y subsidios focalizados, así como mecanismos ágiles de reasignación que no sacrifiquen la respuesta en crisis. Solo el tiempo, advierte el autor, mostrará el verdadero cauce del agua en México.