Lectura 5:00 min
Narcopolítica, sin prioridad en el Congreso de la Unión
Aumento de penas de cárcel e inhabilitación, entre lo propuesto por los legisladores federales.
La mayoría de las propuestas presentadas desde 2004 han sido desechadas sin discusión pública del tema.
Pese a que cada vez son más los señalamientos de funcionarios públicos que se ven involucrados con el crimen organizado, la legislación en la materia ha quedado rebasada, pues a la fecha no hay ley que sancione de manera específica este tipo de vínculos.
En el Congreso de la Unión se han presentado al menos 11 iniciativas relacionadas con el tema desde 2004, de las cuales dos siguen pendientes de dictaminarse en comisiones y nueve han sido desechadas.
En días pasados, el PRI, a través del diputado Christian Castro Bello, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 109 de la Constitución, con el fin de que queden inhabilitados de manera permanente para ocupar cargos públicos todos los funcionarios a los que se les compruebe su participación en actividades de delincuencia organizada.
La medida aplicaría para cualquier cargo, empleo o comisión dentro del servicio público, sin importar si se obtuvo por elección popular, designación o nombramiento.
Dicha iniciativa llega en un momento en el que funcionarios, principalmente de Morena, han sido señalados o incluso detenidos por sus nexos con el crimen organizado. Tal es el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien ha sido identificado como el presunto líder de La Barredora, o Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, quien es acusado de presunta extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A estos casos se suman las acusaciones por parte de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quienes son señalados de tener vínculos con el Cártel del Sinaloa.
Iniciativas
En el 2004, el entonces diputado Juan José García Ochoa (PRD) propuso reformar la Constitución para establecer que se considerarían delitos cometidos por servidores públicos, que no requieren declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, la traición a la patria; terrorismo; tráfico de armas; asociación delictuosa; delincuencia organizada; narcotráfico en todas sus modalidades; tráfico de personas; lenocinio; peculado; robo con violencia; homicidio doloso; genocidio; violación; privación de la libertad; secuestro; tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Dicha propuesta fue desechada.
En 2011, el entonces senador del PRD, Silvano Aureoles, presentó sin éxito una propuesta para reformar el Artículo 111 de la Constitución para establecer que en cualquier caso en que un servidor público sea declarado culpable de un delito, la destitución e inhabilitación para ejercer un cargo público será definitiva.
En 2018, el senador Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) planteó una iniciativa para aumentar las sanciones por peculado; enriquecimiento ilícito; lavado de dinero y asociación delictuosa. Entre lo propuesto destacó que si el miembro de la asociación había sido servidor público de alguna corporación policial, además la destitución del empleo, cargo o comisión, se le inhabilitaría entre 15 y 20 años.
El mismo año, el senador Marco Antonio Gama Basarte (PAN) propuso incrementar de 5 a 20 años de inhabilitación para desempeñar cargos o comisiones públicas a los servidores públicos que formen parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir. Ambas propuestas fueron desechadas.
Proyectos recientes
En 2025, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD) presentó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito grave la asociación delictuosa. Para ello proponía sancionar con cárcel e inhabilitación de funciones, en su caso, a miembros de asociaciones delictuosas que hayan sido servidores públicos o integrantes de las Fuerzas Armadas; la propuesta también fue desechada.
En 2025 también, el PAN planteó una propuesta para reformar el Código Penal Federal, con el fin de imponer la pena de 80 a 140 años de prisión y de 12,000 a 24,000 días multa a la persona titular del Ejecutivo federal o de las entidades federativas, de las Secretarías de Estado federales o de las entidades federativas, de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías en las entidades federativas, o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que participe, colabore o facilite la realización del crimen organizado o decida incumplir con sus atribuciones legales para evitar la consecución de dicha conducta. Dicha iniciativa se mantiene pendiente de análisis.
Asimismo, entre las iniciativas que en su momento buscaban frenar el involucramiento del crimen organizado en el servicio público están dos presentadas tanto por el PRI como el PAN, cuyas propuestas iniciales se enfocan en fortalecer las leyes electorales para evitar que el narcotráfico se involucre en los procesos, a la vez que buscaban sanciones para los servidores que lo permitan.
Es así que a través de una iniciativa a Ley General en Materia de Delitos Electorales, el PAN pidió sancionar de 15 a 30 años de cárcel a la persona candidata, precandidata, funcionaria partidista, funcionaria electoral o servidora pública que por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado en procesos electorales.