EU alista cargos vs más políticos mexicanos

El fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podrían venir nuevas acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, pese a la buena relación que, aseguró, mantienen actualmente los gobiernos de México y Estados Unidos.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense News Nation, el funcionario sostuvo que la administración del presidente Donald Trump mantendrá una estrategia agresiva contra los cárteles mexicanos y contra cualquier servidor público presuntamente relacionado con esas organizaciones criminales.

Además, el fiscal explicó que parte de la información que ha permitido avanzar en investigaciones contra funcionarios proviene de la cooperación de líderes criminales extraditados a territorio estadounidense en los últimos meses.

“Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales”, afirmó.

Las declaraciones ocurren una semana después de que autoridades estadounidenses señalaran al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran servidores públicos en activo y exmandos de seguridad de Sinaloa, incluidos el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal estatal con licencia, Dámaso Castro Zaavedra.

Blanche subrayó que la ofensiva estadounidense va más allá de la cancelación de visas y afirmó que el objetivo es generar presión sobre las estructuras criminales y sus presuntas redes de protección política.

“El riesgo para esos líderes es que en el pasado quizá se sentían protegidos (…) no creo que se sientan así ahora, y eso es lo que queremos; queremos que teman que si son detenidos acabarán en Chicago, Nueva York, San Diego o Texas”, declaró.

Pese al endurecimiento del discurso, el fiscal aseguró que la relación bilateral entre ambos gobiernos sigue siendo positiva y basada en la cooperación en temas migratorios, combate al narcotráfico y seguridad. “No quiero dar a entender que la relación es mala”, sostuvo.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que agentes estadounidenses operen directamente en México para combatir a los cárteles, aunque señaló que una decisión de ese tipo correspondería únicamente al presidente Trump.

Según un recuento hecho por El Economista, al menos seis gobernadores mexicanos han sido investigados, enjuiciados o extraditados por autoridades estadounidenses en los últimos 35 años, principalmente por delitos relacionados con cárteles de la droga y operaciones financieras ilícitas.