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Caso Ayotzinapa: Dictan prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
El exgobernador fue trasladado el jueves al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el "Altiplano".
Angel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Foto EE:
Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado por su posible participación en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras darse a conocer ayer la aprehensión del priista en Tepotzotlán, Estado de México, la fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que existen dos testigos protegidos que señalan la posible participación del exgobernador de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
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"Trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos", dijo Godoy.
El exgobernador fue trasladado ayer al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el "Altiplano".
Esta detención se da a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando Ángel Aguirre Rivero se desempeñaba como gobernador de esa entidad.
Aguirre, hoy con 70 años, solicitó licencia del cargo en octubre de 2014 y dejó el puesto antes de concluir su mandato. Desde entonces, permaneció alejado de la vida política.
Se trata de uno de los mayores funcionarios procesados por el caso, junto con el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto impulsó una primera investigación que concluyó que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas a un río en Guerrero.
Sin embargo, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, ordenó una nueva investigación sobre el caso, que calificó como un "crimen de Estado".
Ambas indagatorias coinciden en que los estudiantes fueron atacados por un grupo criminal coludido con policías locales.