Para el 2027, gobierno propone destinar 25 de cada 100 pesos de gasto a protección social

El gobierno federal propone que, para el siguiente año, por cada 100 pesos que se gasten 25 se destinen a la funcionalidad de protección social, de acuerdo con lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027.

En total, los recursos que se destinarán a la protección social –que considera el gasto en pensiones contributivas y no contributivas, así como algunos programas sociales– será de 2 billones 550,813 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.3% en comparación con lo aprobado para este año.

“Se despliega una red de protección social que acompaña a las personas desde la niñez hasta la vejez mediante transferencias directas, programas de desarrollo comunitario e inversión social orientados a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. El principal componente de esta red es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual, para el 2027 proyecta alcanzar una cobertura de 96.8% de la población adulta mayor”, destacó la Secretaría de Hacienda y en los Criterios Generales de Política Económica 2027.

De esta manera, la protección social tendrá más peso en el presupuesto que este año, en el que se prevé que se le destine 22.8% del gasto total aprobado

Sin focalización y con poca maniobra

Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar, señaló que el gasto en protección social ha sido una de las prioridades de las últimas dos administraciones. Muestra de ello es el incremento de 72% en los recursos de este rubro del 2019 a la fecha.

Sin embargo, señaló que el presupuesto no trae tantos cambios, ya que existe poco margen para destinar más recursos al rubro social ante las presiones de gasto existentes.

En este sentido, Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, recordó que existe una rigidez presupuestaria por los compromisos que se tienen con el pago de pensiones y jubilaciones, así como el servicio financiero de la deuda y otras obligaciones que reducen el margen de maniobra del gobierno federal para poder asignar más recursos, por lo que recordó que desde hace años se ha recomendado impulsar una reforma fiscal para incrementar los ingresos tributarios, que son la principal fuente de financiamiento del gasto público.

Por otro lado, señaló que dentro del gasto de protección social hay una falta de focalización en los subsidios y programas, lo cual puede afectar a la progresividad y a las finanzas públicas.

“Se ha permitido que algunos programas, como el de las pensiones de adultos mayores, lleguen a muchas personas que ya tienen, incluso, una pensión de alto nivel, lo cual afecta la progresividad de estas pensiones y, al mismo tiempo, generan una carga fiscal bastante fuerte para las finanzas públicas”, añadió.