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¿De qué acusan a Inés Gómez Mont? Las claves del caso por 2,950 millones de pesos
La exconductora fue detenida en Miami por una orden de aprehensión relacionada con defraudación fiscal equiparada
La FGR confirmó la detención de la conductora y actriz, Inés Gómez Mont.
La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre, reactivó las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen en su contra desde hace varios años, entre ellas una relacionada con presuntas operaciones financieras irregulares y contratos públicos por 2,950 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora fue asegurada en Estados Unidos como resultado del intercambio de información entre ambos gobiernos, debido a una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, el caso tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando la Fiscalía comenzó a investigar una presunta estructura de empresas y personas que habrían utilizado contratos con dependencias federales para simular operaciones comerciales, reducir cargas tributarias y ocultar el origen de recursos económicos.
¿De dónde surgen los 2,950 millones de pesos?
De acuerdo con el comunicado 026/22, publicado por la FGR el 20 de enero de 2022, la investigación comenzó en noviembre de 2019 e involucró a Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, otras personas y siete empresas por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía identificó dos contratos relacionados con Centros Federales de Readaptación Social, cuyo valor conjunto ascendía a 2,950 millones de pesos.
Según la investigación, las personas y empresas involucradas presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales para aparentar operaciones comerciales y servicios que no se habrían realizado.
La FGR sostuvo que estas operaciones habrían permitido presentar recursos de origen presuntamente ilícito como ganancias legítimas, además de dificultar su rastreo.
En el mismo comunicado, la dependencia señaló que una de las empresas investigadas, representada por un apoderado identificado como Héctor "Z", recibió más de 2,500 millones de pesos.
No obstante, los 2,950 millones de pesos corresponden al valor de los contratos investigados y no a una cantidad que se haya acreditado como recibida personalmente por Gómez Mont.
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¿Cuál habría sido la participación de Inés Gómez Mont?
En su investigación de 2022, la Fiscalía atribuyó a Gómez Mont y Álvarez Puga un papel central dentro de la presunta estructura financiera, que habría operado mediante representantes de distintas personas morales.
La dependencia describió tres grupos que presuntamente colaboraban entre sí: uno relacionado con la dirección de las operaciones, otro encargado de movimientos bancarios a nombre de empresas y un tercero integrado por servidores públicos que habrían facilitado recursos federales mediante contratos irregulares.
De acuerdo con esa versión ministerial, el esquema habría permitido transferir recursos entre distintas compañías y ocultar su procedencia a través de operaciones aparentemente legales.
Sin embargo, se trata de señalamientos de la Fiscalía que deben distinguirse de una responsabilidad penal acreditada mediante sentencia. La investigación sobre estos contratos tampoco debe confundirse con la acusación fiscal específica por la que se anunció su detención en Miami.
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¿Por qué fue detenida por defraudación fiscal equiparada?
Aunque los antecedentes del caso incluyen investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR precisó el viernes que la orden de aprehensión relacionada con el aseguramiento de Gómez Mont corresponde al delito de defraudación fiscal equiparada.
Este delito se encuentra previsto en el Código Fiscal de la Federación y contempla distintas conductas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones tributarias, entre ellas declarar ingresos menores a los realmente obtenidos u omitir el pago de contribuciones en determinados supuestos.
En el caso de la exconductora, una investigación fiscal distinta derivó en una orden de aprehensión emitida en 2022 por un presunto adeudo de aproximadamente 6.6 millones de pesos correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2015.
No obstante, en su anuncio del 30 de octubre, la Fiscalía no precisó si la orden utilizada para solicitar su detención corresponde exactamente a ese expediente ni ofreció detalles adicionales sobre el monto actualmente reclamado.
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¿Qué ocurrió con sus cuentas bancarias y las órdenes de aprehensión?
Uno de los antecedentes judiciales más relevantes ocurrió en marzo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que había ordenado restablecer los servicios financieros de Gómez Mont y Álvarez Puga en cumplimiento de una resolución judicial.
La decisión derivó de un amparo concedido en noviembre de 2023 y posteriormente confirmado por un tribunal colegiado, pese a la oposición de la UIF, que había defendido el bloqueo como una medida preventiva contra posibles operaciones de lavado de dinero.
La dependencia aclaró entonces que la exclusión de ambos de la Lista de Personas Bloqueadas no significaba la cancelación de las órdenes de aprehensión que existían en su contra.
En septiembre de 2026, el caso volvió a cobrar relevancia después de que Interpol retirara las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo, una decisión que el gobierno mexicano buscó revertir. A pesar de ello, las órdenes judiciales emitidas en México continuaron vigentes.
¿Qué sigue para Inés Gómez Mont tras su detención?
La FGR informó que Gómez Mont fue asegurada en Miami mediante la colaboración con las autoridades estadounidenses, pero no detalló las condiciones jurídicas de su detención ni confirmó una fecha para su posible traslado a México.
Por ello, aún está pendiente determinar si será sometida a un procedimiento de extradición y cuáles de las acusaciones que enfrenta en territorio mexicano podrían formar parte de ese proceso.
La detención representa un nuevo avance en las gestiones de las autoridades mexicanas para que la exconductora comparezca ante la justicia. Sin embargo, las investigaciones por contratos públicos y las acusaciones fiscales mantienen características y antecedentes distintos que deberán resolverse en los procedimientos correspondientes.
Hasta ahora, su detención no constituye una declaración de culpabilidad, y la responsabilidad penal por los delitos que se le atribuyen deberá determinarse ante las autoridades judiciales competentes.