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Sin avances reales en guerra vs el narco: CIDAC
El think tank destacó que ni los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado, ni el tráfico de drogas han mejorado desde que se inició el combate contra la delincuencia organizada.
A casi una década de iniciada la guerra en contra del narcotráfico y pese a los recursos invertidos en capacitación las acciones en materia de seguridad desplegadas por el Estado mexicano aún son incapaces de garantizar la protección a los derechos humanos, opinó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).
En un documento, Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez y Rafael Vega, investigadores de este think tank, exponen que en la práctica persiste la idea de que un eficaz combate a la delincuencia es incompatible con el respeto de los derechos humanos.
Destacan que ni los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado ni el tráfico de drogas han mejorado. Los homicidios dolosos han tenido picos importantes en el 2011 y el 2012 y recientemente muestran una tendencia al alza de nuevo. Aunado a esto, los costos sociales de la violencia ascienden a más de 120,000 muertes, 280,000 desplazados, y entre 8,000 y 25,000 desaparecidos.
Los flujos de sustancias ilícitas a EU no han disminuido. De acuerdo con la Administración Contra la Droga, en la última década los cárteles mexicanos se han adueñado de 50% del mercado de heroína estadounidense, que representa ingresos por 13,000 millones de dólares al año.
Además, para el 2012, 96% de la cocaína que entraba a Estados Unidos era a través de territorio mexicano, cuando en 1991 sólo ingresaba 50% del total de esta sustancia.
Asimismo, los decomisos realizados en territorio mexicano continúan a la alza. Por ejemplo, en el 2014 se decomisaron 19.6 toneladas de metanfetaminas; 1.6 toneladas de opio y 2,259 unidades de éxtasis, las cuales representaron un incremento respecto del 2013 de 33, 570, y 132%, respectivamente.
De acuerdo con los analistas, la decisión del ex presidente Felipe Calderón de enfrentar a los grupos del crimen organizado justificó el despliegue de las fuerzas militares para desempeñar labores de seguridad pública. Tal decisión implicó que las violaciones a las garantías fundamentales en el país fueran cada vez más frecuentes, afirman.
Los autores dan cuenta de que en el 2006, antes del despliegue militar, el Ejército acumuló menos de 200 denuncias por violaciones a derechos fundamentales; para el 2012 esta cifra ascendió a más de 1,400 denuncias.
Con base en cifras oficiales y de índole periodísticas, el CIDAC concluye que el índice de letalidad en enfrentamientos entre el Ejército y presuntos grupos criminales presenta indicios de una política ajena a cualquier consideración de derechos.
Desde el 2008 y hasta el 2013 se superó el umbral de más de 15 civiles muertos por cada miembro de la fuerza de seguridad; en el 2011 el índice fue de 32 civiles muertos por cada miembro del Ejército fallecido.
A pesar de que el gobierno mexicano presuma un andamiaje normativo e institucional de protección de derechos fundamentales, no ha logrado ninguna de sus promesas: la violencia y las tasas de homicidios dolosos han repuntado a partir de marzo del 2013 y estamos muy lejos de los mínimos registrados en el 2007. La violencia se ha extendido hacia el sur a estados como Jalisco, el Estado de México, Guerrero, o recientemente el DF, y se ha dado lugar a una fragmentación de los grupos criminales.