Segob enlista candados para dar recursos a estados

La Secretaría de Gobernación (Segob) puso cuatro candados a los gobiernos de los estados para la obtención de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal, que ordena a las autoridades realizar juicios expeditos.

Con menos de tres años para que los estados logren la implementación de esa reforma, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió poner esos cuatro candados como una forma de incentivar a los estados a realizar sus trabajos.

La Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que los estados puedan acceder a los recursos destinados para la implementación de esa reforma.

A diferencia de la anterior administración, el gobierno de Peña Nieto decidió poner cuatro candados para la distribución en el 2012 de 458 millones 943,840 pesos entre los 31 gobiernos y el Distrito Federal. Los cuatro criterios de distribución del subsidio son: población; incidencia delictiva; necesidades por categoría de inversión para la implementación de la reforma penal, y avance de la entidad federativa en el proceso de implementación.

Sin embargo, la Segob dejó en claro que las reglas emitidas en el 2012 y anteriores seguirán vigentes tanto para la obtención de recursos como para la comprobación del gasto.

El acuerdo establece que en caso de que los proyectos de implementación de la reforma en los gobiernos sean cancelados, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El 10 de marzo, la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, dijo a El Economista que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial no tendrá prórrogas y habrá de operar a 100% en el 2016 en todo el país; no responde a fiscalización internacional alguna, sino a cumplir el mandato del Artículo 1 de la Constitución, de igualdad y políticas públicas que demanda la sociedad en seguridad.

La reforma de justicia penal ordena la implementación y consolidación de juicios expeditos y orales; que los jueces en caso de flagrancia puedan decretar la detención de un delincuente; ordena que las procuradurías contarán con jueces de control para que resuelvan de forma inmediata sobre medidas cautelares, y a los gobiernos de los estados reorganizar el sistema penitenciario con base en el trabajo, educación, salud y deporte, entre otros rubros.

jmonroy@eleconomista.com.mx