Lectura 4:00 min
Reconocen que reparación del daño es deficiente
La propuesta de la Comisión Ejecutiva busca un modelo integral de atención con procedimientos, acciones y principios fundamentales que proporcionen atención, asistencia, protección y reparación integral.
Las víctimas del delito en México enfrentan situaciones como una deficiente reparación por el daño, desconfianza en las instituciones de gobierno e incapacidad de servidores públicos para atenderlas.
Así se advierte en el modelo integral de atención a víctimas que busca expedir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que se encuentra en análisis por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su aval.
De acuerdo con el documento, este modelo de atención busca establecer el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales que proporcionen atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar su empoderamiento y prevenir su revictimización.
Para la operación del modelo de atención a víctimas -se detalla- es necesario fortalecer las capacidades institucionales, los recursos humanos y los materiales que permitan cumplir con la prestación de los servicios; capacitar a los encargados de la atención a víctimas; desarrollar un manual de implementación del modelo; así como administrar una plataforma tecnológica para el seguimiento de la ruta de atención a víctimas.
En el documento se detalla que para la elaboración del primer Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) por parte de la Comisión Ejecutiva se establecieron cinco situaciones a las que se enfrentan las víctimas del delito, por ejemplo, la descoordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La duplicidad de funciones existentes ocasiona confusión y obstaculiza el acceso a los derechos de las víctimas. Además, la falta de homogeneidad entre los programas de política pública y la legislación dificulta que se proporcione la misma calidad de atención para las víctimas , advierte el documento.
Asimismo, se considera que la ausencia de un enfoque de acceso pleno, adecuado y efectivo a la justicia de las víctimas se debe al desconocimiento de sus problemas, necesidades y particularmente del origen de las diversas situaciones por las que atraviesan.
Otro punto que destaca el PAIV es que la atención que reciben las víctimas en México no resuelve sus problemas y, en ocasiones, puede incluso empeorarlos, lo que provoca que la política pública en la materia no haya resultado la adecuada.
Uno de los resultados que arrojaron las distintas actividades para la elaboración del proyecto del PAIV fue que las razones para no denunciar son la desconfianza en la autoridad o en las instituciones, además del miedo a las represalias y carencia de recursos económicos , expone el documento.
Cabe recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un organismo descentralizado de la administración pública, que opera el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y que está integrado por siete comisionados, que son electos por el Senado de la República.
Resarcirán daño a familiares de asesinados en Tlatlaya
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que repartirá más de 50 millones de pesos como reparación integral a las familias de las 15 personas que fueron asesinadas el 30 de junio del 2014 por elementos del Ejército en un operativo que tenía como propósito detener a secuestrados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Previamente, el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, dijo que la compensación irá entre los 70 y 80 millones de pesos a 13 familias víctimas del caso Tlatlaya.
En un comunicado, la CEAV dijo que para determinar las acciones de reparación, su Comité Interdisciplinario Evaluador analizará caso por caso, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos. Precisó que la reparación debe expresar el reconocimiento a las víctimas, cuyos derechos fueron violados; de ese modo, la reparación es una obligación del Estado.
La CEAV indicó que la reparación integral está sustentada en la recomendación 51/2014 de la CNDH.
La compensación, ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. En el presente caso se prevé que el monto total que comprende a todas las familias afectadas será de más de 50 millones de pesos , destacó el organismo de atención a víctimas. (Con información de Jorge Monroy)