La revisión del T-MEC en 2026

“Lo más difícil en cualquier negociación, es asegurarse de despojarla de la emoción y abordar los hechos”. Howard Baker.

Este año que inicia se llevará a cabo la revisión del T-MEC y ese proceso no será un trámite técnico ni un ejercicio diplomático simple. Se trata de un mecanismo derivado de una cláusula que establece que, al sexto año de su entrada en vigor, los tres países deben evaluar si mantienen el acuerdo y, en caso de no hacerlo, se prevé un esquema de revisiones anuales que, en los hechos, prolonga y acentúa la incertidumbre. 

En análisis realizados por el Center for Strategic and International Studies y el Wilson Center, se destaca que este mecanismo “tiende a politizar el comercio regional”, pues cada revisión se da en contextos electorales distintos y con incentivos diferentes en cada país.

Ello es además acentuado por la volatilidad e incertidumbre que ha vivido EUA en la última década, sobre todo al considerar la política comercial que ha seguido el gobierno de Trump

Es evidente que para el gobierno norteamericano los aranceles no son un instrumento económico clásico, sino una herramienta de presión transversal. En 2019 los utilizó para condicionar la cooperación migratoria de México y recientemente han sido su respuesta a lo que perciben como problemas fronterizos y de seguridad.

Ha sido, además, evidente cómo estas amenazas, aun cuando no se materializan plenamente, generan volatilidad financiera y retrasan (o cancelan) decisiones de inversión.

En el Economic Outlook 2026, la OCDE señala que la imprevisibilidad de la política comercial reduce la inversión productiva y eleva los costos de financiamiento. No se trata solo del nivel de los aranceles, sino también de su intermitencia. Cuando las reglas pueden cambiar por razones políticas, las cadenas de suministro se vuelven más frágiles y la confianza para invertir se erosiona.

A ello se suman disputas estructurales en temas estratégicos para EUA que podrían escalar durante la revisión. En materia energética, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició consultas formales bajo el T-MEC al considerar que ciertos cambios de política pública en México discriminan a empresas estadounidenses y canadienses. Llegar a la revisión con este conflicto potencial facilita que se utilice como argumento en la renegociación.

De manera similar, en el ámbito laboral, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, descrito por el U.S. Department of Labor como una herramienta clave para el cumplimiento, ha sido activado en múltiples ocasiones, lo que lo convierte en un factor de presión recurrente.

Pero no todos son riesgos. La revisión del tratado también presenta oportunidades, especialmente en un contexto global marcado por la fragmentación. El FMI, en su World Economic Outlook 2026, señala que la relocalización desordenada y el debilitamiento del comercio internacional restan dinamismo al crecimiento global. Frente a ello, América del Norte tiene una ventaja comparativa evidente debido a factores de proximidad, complementariedad productiva y un mercado integrado de gran escala. México puede posicionarse no como un beneficiario pasivo del nearshoring, sino como un socio indispensable para que Estados Unidos reduzca su dependencia de Asia en sectores de gran potencial de crecimiento como el farmacéutico y el de tecnología.

Es fundamental distinguir entre lo que el gobierno de nuestro país no controla y lo que sí controla. No controla los vaivenes de la política electoral estadounidense, pero sí la certidumbre regulatoria. En materia de energía, la velocidad y la claridad con que se atiendan los permisos, las reglas de acceso y el trato no discriminatorio son fundamentales. Urge quitar la presión de un tema de conflicto que hoy es tanto económico como simbólico (y para México, también ideológico). También en el ámbito laboral, una estrategia de cumplimiento efectivo y de resolución temprana de controversias puede transformar un mecanismo de castigo en una señal de acuerdo regional.

México también tiene cierto grado de control sobre la infraestructura que hace viable el proceso de nearshoring. Inversiones y mejoras en puertos, cruces fronterizos, transmisión eléctrica y agua industrial no se negocian en paneles internacionales; se construyen con presupuesto y eficacia en los proyectos.

En la revisión del T-MEC entre 2026 y 2027 Donald Trump negociará ejerciendo una presión visible; la respuesta racional de México no es la confrontación retórica (como lo ha hecho bien el actual gobierno), pero sí lo es la consistencia económica. Llegar a la mesa con menos frentes abiertos, con reglas claras y con infraestructura en marcha no garantiza una negociación sencilla, pero sí reduce el margen para que el comercio vuelva a ser rehén de la coyuntura política.