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Piden ONG que se esclarezcan crímenes del Ejército mexicano
Organizaciones civiles pidieron al gobierno federal esclarecer los posibles delitos en los que haya incurrido el Ejército mexicano en el pasado o ahora y no sea exonerado por solo declaraciones presidenciales.
Organizaciones civiles pidieron al gobierno federal esclarecer los posibles delitos en los que haya incurrido el Ejército mexicano en el pasado o ahora y no sea exonerado por solo declaraciones presidenciales.
En un comunicado, Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra lamentaron las declaraciones emitidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 2 de octubre, sobre que instituciones castrenses obedecieron órdenes de civiles durante episodios de los años sesenta y ochentas.
Y advirtieron que con esos comentarios pareciera que se busca exonerar al Ejército de su responsabilidad.
Las ONG recordaron que en la actualidad los elementos del Ejército se encuentran desplegados masivamente en tareas de seguridad pública, lo que ha implicado violaciones graves a derechos humanos.
Argumentos “inaceptables”
Explicaron que el titular del Ejecutivo federal ocupa dos argumentos “inaceptables”; el primero es la obediencia debida, argumento de regímenes autoritarios para exculpar a las instituciones castrenses y decisiones de política de Estado en la ejecución de atrocidades.
El segundo se trata de decir que las acciones y decisiones represivas, para mantener los pactos deliberados de impunidad crónica y sistémica, son “errores” cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas.
En el comunicado se recordó que los estándares internacionales de derechos humanos así como la Constitución mexicana establecen que “la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser subordinada, complementaria, regulada, extraordinaria y fiscalizada.
Criterios que actualmente no se cumplen y violentan el mínimo control constitucional que se les ha impuesto, lo cual pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas que es exigible a cualquier institución del estado”.
Las organizaciones explicaron que ningún funcionario público, por más alta que sea su jerarquía y su investidura, puede sustituir por decreto la investigación de la probable responsabilidad de la acción de las Fuerzas Armadas en hechos del pasado constitutivos de delitos.
“Exigimos al Ejecutivo federal asuma la responsabilidad constitucional que le atañe y respete el dolor causado a las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares durante la masacre de 1968 y años posteriores”.