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MC interpone acción de inconstitucionalidad en la SCJN contra "Plan B" electoral
La dirigencia de Movimiento Ciudadano informó que presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Foto: Reuters
La dirigencia de Movimiento Ciudadano informó que presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Dichas reformas legales forman parte del llamado “Plan B” electoral que impulso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por una mayoría simple de Morena en el Congreso de la Unión.
La Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que el llamado “Plan B” busca alterar el equilibrio de las contiendas electorales, al remover límites de la comunicación social en tiempos electorales y cambiar la naturaleza jurídica de la comunicación social para permitir que servidores públicos, bajo el argumento de su libre expresión y de la difusión de información de interés público, puedan realizar promoción personalizada y “adoctrinamiento político”.
Señaló que se rediseñan definiciones y principios de la Ley General de Comunicación Social de una forma que contradicen los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 134 constitucional.
Asimismo, Movimiento Ciudadano consideró que existen “defectos" en el procedimiento legislativo que dio origen a estas reformas y que vician su contenido, toda vez que no se tomaron en cuenta a las minorías en el debate, ni se dictaminó debidamente la iniciativa del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados.
“Movimiento Ciudadano se manifiesta como una entidad de interés público que tiene como meta fundamental el enriquecimiento de la vida democrática del país; dar la batalla contra normas injustas que establecen espacios indebidos de discreción a servidores públicos y afectan el equilibrio electoral a futuro, es nuestro deber”, sostuvo.