Humo blanco en San Lázaro; aprueban ley contra el secuestro

La Cámara de Diputados aprobó por 350 votos, cuatro en contra y cinco abstenciones reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entrará en vigor el próximo lunes en todo el país, a fin de precisar el contenido de la nueva normatividad para que no haya lugar a diferentes apreciaciones.

Desde la tribuna, Humberto Benítez Treviño (PRI), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, explicó que los cambios ratificados consisten en precisar la penalidad de dos a seis años de prisión cuando se deje en libertad al secuestrado, que en todos los casos de secuestro los imputados deben llevar el proceso con prisión preventiva obligatoria, y que se establecerán medidas de vigilancia pospenitenciaria para los secuestradores hasta por cinco años.

Aprobada la minuta del Senado, se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación, lo que deberá suceder hoy, ya que la nueva ley entrará en vigor el próximo día 28.

El priísta felicitó a la asamblea por su compromiso con México y su terquedad para combatir la impunidad y la delincuencia.

Ante la proliferación de los delitos de secuestro, ligado cada día más a bandas de delincuencia organizada, el Estado, como garante de la tranquilidad social, debe responder con eficacia y energía, con firmeza y prontitud, para cumplir con la razón filosófica que le dio razón de ser, que es: garantizar la seguridad pública, la seguridad jurídica de todos los mexicanos , enfatizó.

Jaime Cárdenas informó que votaría en contra porque cuando se votó la ley antisecuestro, su espíritu propiciaba lo que la doctrina jurídica denomina como el derecho penal del enemigo.

El derecho penal del enemigo propone un Estado policiaco y no un Estado de Derecho. No constituye un derecho garantista o mínimo, sino máximo. No incluye a los ciudadanos infractores para rehabilitarlos, sino que los excluye del tejido social. No forma parte del derecho penal ordinario, sino que es un derecho de excepción. No busca corregir, sino eliminar... Y, es propio no de un Estado democrático de Derecho, sino de un Estado autoritario , preciso.

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