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Los vicios del Inai
Alberto Aguirre | Signos Vitales
Como el resto de sus compañeros, Josefina Román Vergara renunció al privilegio de contar con los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado. Señalados desde Palacio Nacional por sus excesos, los comisionados del Inai abrazaron la austeridad republicana, a regañadientes.
Roman Vergara había pasado por el Infoem antes de llegar al Pleno del órgano garante, respaldada por el PRI. En diciembre del 2024, seis meses antes de que quedara extinguido el Inai, buscó una nueva oportunidad y se inscribió para competir con otros 26 aspirantes por la titularidad de la Auditoría Superior de Fiscalización en su natal Estado de México.
No tuvo éxito en ese emprendimiento. Y tampoco es que necesitara seguir trabajando. En el ejercicio fiscal 2024 percibió 1.25 millones de pesos, al margen de su salario como comisionada del Inai. Ahora, 18 meses después, ha sido emplazada por la Auditoría Superior de la Federación para explican ese ingreso extra, que correspondía a su pensión como exfuncionaria mexiquense,
Román Vergara tuvo que acudir a la sede central de la ASF para explicar el origen de esos recursos. Otra docena de exaltos mandos de esa institución fueron citados “para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y/o responsabilidades en el 2024”.
La conclusión del ente fiscalizador encabezado por David Colmenares Páramo es inapelable: en la última etapa del Inai “hubo servidores públicos que obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración como servidores públicos”.
Desde la Cuenta Pública 2022, la ASF identificó irregularidades cometidas por mandos medios que durante su gestión solicitaron “moches” a sus subordinados, visos de nepotismo y una red de aviadores al interior del Inai. Entonces, la institución era presidida por Blanca Lilia Ibarra.
Era la auditoría 197 sobre la gestión financiera. En el siguiente ejercicio fiscal (2023), el órgano autónomo ejerció un presupuesto de 1,036 millones de pesos y como consecuencia de la revisiones anteriores, la ASF determinó realizar una auditoría de cumplimiento forense, la 226.
Entonces, el Inai fue emplazado a “fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el proceso de difusión y aceptación de los Códigos de Ética y de Conducta institucionales con su personal y a su vez solicite por escrito la aceptación formal de los mismos, sin distinción de jerarquías”.
Pero concluir con tres lustros de opacidades en la asignación de comisiones, viáticos y pasajes de avión para los comisionados y los mandos superiores, era un asunto complicado.
El uso indiscriminado de la tarjeta corporativa y el presunto cobro de moches derivó, en el 2023, en la salida de los excomisionados Eugenio Monterrey Chepov y Óscar Guerra Ford. Este último debió combatir hasta la última instancia un proceso sancionado, que finalmente fue desechado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En su último año, los mandos superiores del Inai acreditaron 517 comisiones nacionales e internacionales, de las cuales 238 fueron para invitados externos y 114 de los cuatro integrantes del Pleno. Estos viajes que generaron gastos por 6.34 millones de pesos, de los cuales 20% no fueron comprobados.
La última fiscalización al Inai detectó irregularidades cometidas por el jefe de ponencia del comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, quien en el 2024 otorgó “préstamos personales” por 354,000 pesos a otros colegas.
El funcionario declaró que en apoyo al comisionado “tenía que dar seguimiento a todo” y realizar funciones administrativas. ¿Y también “temas de índole personal”?
La ASF dará vista al SAT para auditar a 16 exfuncionarios del Inai que efectuaron gastos a cuenta de terceros y recibieron depósitos en sus cuentas sin reportar esas operaciones ante la autoridad tributaria.
alberto.aguirre@eleconomista.mx