Veredicto financiero: la desconfianza como castigo

La economía mexicana no está en una pausa que ya tocó fondo y que ahora es obligación de las empresas invertir. Lo que vive México es un desmantelamiento estructural que se ha decretado desde la concentración del poder y que tiene sus evidencias en los datos duros.

Son ya 18 meses consecutivos de una caída acumulada de la Inversión Fija Bruta, que hablan de la evaporación de la confianza; es la evidencia de las grietas en el consumo interno que dejan ver el deterioro de la calidad del mercado laboral y la falta de ánimo de los consumidores.

Están los datos de una inflación permanentemente alta que parece galopar sin el interés de la autoridad monetaria por evitar la combinación de precios altos y crecimiento bajo. Y hay algo que pasa desapercibido ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos, pero que está en el eje de la evaluación del riesgo país desde los centros financieros: Pemex se mantiene como una máquina de perder dinero que compromete la viabilidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, hay algo que trasciende las hojas de cálculo que ya está plenamente incorporado al balance de riesgos de la economía mexicana.

Ya no es solo un asunto de consumo interno la manera como se aplica la justicia y la gracia al gobernador con licencia presuntamente ligado con el narco y la justicia a secas para la gobernadora de oposición que combate junto a autoridades estadounidenses al narcotráfico. Son hechos que se analizan para tratar de entender por qué falla una economía del tamaño de la mexicana que solía ser relevante.

Más allá de los ángulos ideológicos y las narrativas oficial y opositora, desde el otro lado de la frontera consideran los datos duros.

Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que solicita la extradición de un gobernador y una decena de funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y es el gobierno mexicano el que se muestra renuente a colaborar con esa solicitud, a la par que fustigan a una gobernadora de oposición que combate al narcotráfico con la ayuda de las autoridades de ese país. Es una lectura difícil desde la visión estadounidense.

Es irrelevante que las dos varas de la justicia del régimen sean tema permanente en las conferencias mañaneras; ayuda mucho que no haya, por ahora, atención a este par de asuntos por parte del propio presidente Donald Trump o de su secretario de Estado, Marco Rubio. Pero los gestores de fondos que evalúan dónde colocar miles de millones de dólares sí toman en cuenta que, además de los permanentes riesgos de inseguridad pública, se agolpan las evidencias de una captura institucional del Estado por parte de los intereses criminales.

Más allá del desgaste político interno que ya se hace evidente, la atención está puesta en la reacción que pueda tener Donald Trump ante los hechos judiciales recientes. No es para menos, él mismo condicionó el futuro de la relación comercial a los temas migratorios y de narcotráfico.

Pero más allá de que pudiera usar uno y mil pretextos para boicotear el futuro del T-MEC, los propios mercados pueden emitir su veredicto de castigo en la calificación crediticia que acabe por condenar el futuro económico-financiero mexicano.