Rocha Moya y el control de daños

La política no se trata del deber ser, sino del poder ser, de alcanzar el poder y conservarlo. Si hay una metida de pata ningún político del mundo occidental dejará de intentar lo que en comunicación política se llama control de daños. El tamaño de este responde a una lógica estrictamente pragmática y de supervivencia política, distanciada de los marcos éticos normativos o de las demandas morales de la oposición. Cuando un escándalo político amenaza la imagen de un gobierno, un partido o una figura de poder, la respuesta institucional no busca la redención moral, sino la contención del daño mediante el menor esfuerzo y la menor concesión posible.

Sin embargo, el éxito o fracaso del control de daños radica en una premisa fundamental: la ponderación exacta de la magnitud del escándalo. Si se subestima la metida de pata, es decir, si el diagnóstico está equivocado, entonces las acciones de mitigación resultan insuficientes, con el riesgo de que se desencadene un efecto de bola de nieve donde la afectación final es exponencialmente mayor a la crisis original.

Lo anterior viene a cuento por el caso del regreso de Rocha Moya y su segunda petición de licencia, luego de que su antiguo corifeo de diputados, senadores, gobernadores y hasta la presidenta le dieran la espalda por esta maniobra. El asunto no deja de tener rasgos contradictorios. Por un lado, la presidenta logró neutralizar lo que parece ser una jugada de AMLO, quien habría mandado a Rocha Moya a regresar a su cargo. Por otro lado, parece que el control de daños aplicado no ha sido efectivo. Creo que la presidenta subestimó el escándalo y está aplicando una medicina insuficiente.  La resistencia del senador Enrique Inzunza a pedir licencia y su conversión a ser legislador “independiente” es otra muestra de que el escándalo no ha muerto.

Los medios de comunicación en su mayoría, los periodistas críticos y los partidos de oposición están tratando de sacar raja política del escándalo que se atribuye a López Obrador. No obstante, el verdadero riesgo de que el control de daños puede terminar de quebrarse no viene de estos actores, sino de otro: el gobierno de los Estados Unidos.

En política, los escándalos no se gestionan bajo los parámetros de la justicia, sino bajo la lógica del cálculo de activos y pasivos. La premisa de cualquier equipo de gestión de crisis es la ley del mínimo esfuerzo necesario: hacer lo estrictamente indispensable para frenar la hemorragia de credibilidad sin desmantelar las estructuras de poder internas ni ceder terreno a los adversarios. Ceder ante las primeras presiones de la opinión pública o de la oposición —por ejemplo, cediendo a la primera petición de extradición de los 10 de Sinaloa— es visto dentro del pragmatismo político como un síntoma de debilidad.

Frente a la cancelación de la visa y de la carta del hijo de AMLO y el regreso de Rocha Moya, el control de daños inicial apostó al manual que escribió el PRI: la narrativa de la resistencia, el cierre de filas y la descalificación de los ataques catalogándolos como maniobras de los adversarios. El objetivo inmediato no es convencer al opositor, algo imposible, sino cohesionar a la base propia y ganar tiempo mientras se evalúa el impacto real de la crisis en los indicadores de aprobación y estabilidad.

La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ha sido, hasta el momento, la del respaldo institucional y el blindaje político, argumentando que las acusaciones forman parte de estigmatizaciones o ataques políticos. Incluso ahora, que ambos políticos sinaloenses han dado muestras de rebeldía, los sigue defendiendo, aunque con menos fuerza. Pero Sinaloa no es una crisis política cualquiera; está vinculada a la seguridad nacional, dinámicas de pacificación y la legitimidad del Estado en una de las regiones más complejas del país. Al mantener un apoyo irrestricto y aplicar un control de daños basado en la resistencia y la minimización mediática, el gobierno federal asume un riesgo elevado.

Si las presiones internas y, sobre todo, las provenientes de Estados Unidos demuestran que el diagnóstico de la presidencia minusvaloró la profundidad de los señalamientos, el costo de salida será sumamente alto. El control de daños diseñado para proteger la unidad del partido y la continuidad del proyecto político podría terminar vinculando de manera permanente la agenda federal a una crisis local, transformando un problema regional en un lastre de legitimidad.

El éxito de la lectura de Sheinbaum solo se confirmará si se diluye el impacto del escándalo; de lo contrario, podría amplificar el daño de forma irreversible. Los Estados Unidos tienen la última palabra y este difícilmente se conformará con declaraciones.