Las prioridades del gasto de Morena…

Entre 2019 y 2025 el gasto público programable (eso es, sin costo financiero y participaciones federales) aumentó 21% real. Fuerte, ya que la economía creció sólo 5.4, en sí preocupante. Pero también lo es la composición de su aumento.

Más de la mitad del aumento del gasto, 53%, fue la expansión de los programas sociales (función: Protección Social, menos pensiones y jubilaciones más becas de la SEP sin requisitos de educación*). El resto, 23%, se gastó en combustibles y energía. El 24% se repartió entre todas las demás funciones: Salud, Educación, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y pensiones y jubilaciones, entre muchas otras.

Algunos incrementos reales de gasto en los últimos 7 años son:

Programas sociales* 545%

Combustibles y Energía 25%

Pensiones y jubilaciones 45%

Salud 19%

Educación (excluyendo becas)* -8.3%

Orden público y Seguridad Interior -18%

Por su lado, el gasto programable en inversión física se redujo en 11% entre 2019 y 2025.

Las implicaciones de la estructura del gasto público de Morena son graves para el país.

Se privilegió por mucho la distribución de dinero, reduciendo la pobreza en el corto plazo, pero sin estímulo al trabajo, capital humano, desarrollo social, ni a la inversión productiva.

La menor erogación en programas educativos perjudica la formación de capital humano, que empeora más aun con la calidad educativa y la tolerancia a las exigencias y paros de la CNTE.

La desatención a la seguridad pública cotidiana se refleja claramente en las encuestas de percepción de inseguridad en la población, por más que los homicidios se reduzcan —lo que coincide con el ascenso de desapariciones—.

El gasto en Salud creció, pero su ejercicio fue evidentemente desastroso (muertes en exceso evitables, falta de vacunas, medicinas, médicos, aumento del gasto de bolsillo, infraestructura deficiente).

La escasa inversión pública ha privilegiado proyectos costosos sin prueba de rentabilidad social y con indicios de desperdicio. La cancelación de las reformas en energía presiona un gasto público en combustibles y energía sin beneficio palpable y que pudo haber tenido un destino mejor para la sociedad y el desarrollo. Al contrario, la falta de seguridad energética detiene hoy la inversión productiva en el país, desperdiciando la oportunidad del “nearshoring”.

Así, Morena ha dedicado el recurso público a fines políticos y a financiar el costo de decisiones caprichosas e ideológicas, sin atención al crecimiento económico. Ahora el gobierno parece preocupado por este último y ha flexibilizado algunas políticas, pero no lo suficiente. Quiere seguridad de electricidad e infraestructura, pero con la ocurrencia del 54% reservado para el estado y con reglas de asociación público-privada restrictivas, como si el tema no fuera urgente.

México está en una posición privilegiada en cuanto aranceles de EEUU y buen entendimiento con Trump. Haría bien facilitar ya la inversión privada en grandes proyectos guiada por las oportunidades, con seguridad jurídica, certidumbre e infraestructura, liberando así presupuesto público, y dedicar más a la formación de capital humano.