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Predial: ajuste forzoso
Alberto Aguirre | Signos Vitales
Diversos organismos internacionales han señalado puntualmente la necesidad de que el gobierno mexicano modernice sus registros públicos y en particular, que mejore la recaudación del impuesto predial. Al menos en dos foros nacionales —el primero se celebró en Monterrey, y el más reciente, en Cancún— las autoridades de los tres órdenes del gobierno exploraron mecanismos vigentes y las experiencias exitosas a nivel internacional.
Alcaldes y gobernadores, al igual que la Federación, están urgidos de recursos. Entre los expertos en materia de valuación inmobiliaria y asientos registrales existe la convicción de que las profundas diferencias entre los sistemas de registro de la propiedad de las 32 entidades federativas representan un desafío mayúsculo.
La Agencia para la Transformación Digital generará y administrará la nueva Clave Única Catastral. La promesa oficial es que con esa armonización registral inhibirán fraudes, despojos, dobles inscripciones y otros problemas crónicos de los catastros municipales y estatales.
La reclasificación de los inmuebles y mayores cargas impositivas para los contribuyentes, serían la consecuencia inevitable de esta regularización forzosa. Y enlazar los catastros con los registros públicos será una tarea titánica.
¿Homologación o coordinación? A la par de la aprobación de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, la administración claudista abrió el debate sobre la necesidad de coordinar esfuerzos entre las distintas autoridades en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Una torpe estrategia de socialización del programa de desarrollo urbano para la megalópolis causó que la discusión se centrara en las recomendaciones de los autores del estudio sobre la urgencia de recalcular las tarifas del impuesto predial.
Para esquivar el costo político de una decisión inevitable, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha prometido que no habrá un predialazo. De esa experiencia deberán aprender los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León, donde están las otras dos grandes conurbaciones del país.
Una fuerte concentración de capacidades fiscales es la ventaja comparativa de los regios. De acuerdo con un estudio realizado por Consejo Nuevo León, 95% de los recursos recaudados por impuesto predial en la entidad se concentra en apenas 10 municipios metropolitanos, mientras que el resto de los municipios participan con una proporción significativamente menor. En 30 municipios —subraya el reporte— cobran menos de 3 millones de pesos al año por ese concepto, lo que limita su capacidad para generar soluciones que permitan ampliar infraestructura, servicios y equipamientos urbanos. La digitalización de los sistemas municipales está detrás de esa eficiencia recaudatoria.
La nueva ley general procura busca mejorar la información y la capacidad recaudatoria, a través del fortalecimiento catastral; las propuestas de coordinación metropolitana están basadas en una idea: eficientizar la acción colectiva. Ya sea bajo el modelo de un Programa de Reordenamiento o por la vía legislativa, lo urgente es despolitizar acciones técnicas como los ajustes catastrales, integrar capacidades, evitar duplicidades, dar continuidad a proyectos que rebasan los periodos de gobierno y orientar mejor los recursos públicos hacia objetivos compartidos.
Efectos secundarios
INTENTONA. Luego de los recientes operativos en Oaxaca, Morelos y Sinaloa, hubo un importante despliegue de fuerzas policiacas en la zona poniente del Estado de México. La instrucción de nulificar a El Pez y El Fresa, los principales generadores de violencia en la Tierra Caliente, nuevamente no pudo ser cumplida.