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Piratería: 43,000 millones de pesos perdidos al año
Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times
El diario El Universal reportó ayer que, tras 20 “Operativos Limpieza” en 11 estados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decomisó mercancía falsificada por 934,984,000 pesos, pero el 96.8% de ese monto sigue sin procesarse. Solo se destruyeron productos valuados en 411,000 pesos (0.1%) y se devolvieron otros por 29,173,000 pesos (3.1%), y el resto —905,399,000 pesos— está en bodegas. Es decir, se decomisa lo falsificado, pero no se destruye.
La causa principal es procesal y jurídica. El aseguramiento suele ser una medida provisional; para llegar a la sanción y la destrucción de lo falsificado, debe iniciarse el procedimiento ante el IMPI. El primer paso es que el titular de la marca afectada promueva el expediente; si no lo hace dentro de 20 días, según El Universal, el aseguramiento puede levantarse y la mercancía devolverse a quien se le decomisó, algo que no ocurre con frecuencia. Por eso hubo devoluciones en comercios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): se decomisaron productos, pero nadie inició el procedimiento.
El segundo dato es todavía más revelador: Sonora, Coahuila, Baja California y Durango concentran el 89% del valor asegurado y no han iniciado procedimientos ante el IMPI. Además de que el titular de la marca debe promover el proceso, la autoridad local debe formalizar el expediente del operativo. Sin eso, el caso queda trunco.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que la piratería causa pérdidas anuales por 43,000 millones de pesos, equivalentes al 1.2% del PIB. Otro estudio citado por el diario, “Sondeo de Piratería: Diagnóstico Empresarial”, realizado por la American Chamber of Commerce of Mexico, advierte que 1 de cada 3 productos vendidos es falsificado o es contrabando, que 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería y que 70% de los compradores ya no distinguen entre un original y su copia.
Izazaga 89 resume la falla: se decomisó mercancía valuada en 56,349,000 pesos no ha sido destruida porque el proceso judicial no concluye. El IMPI planteó a la FGR destruir parte y conservar una muestra; no se ha reportado respuesta por parte de la FGR. A esto se suma que el dueño de la marca puede pagar por guardar y destruir, y que el Estado también paga a las bodegas. El resultado es absurdo: el infractor gana tiempo —quien vende o distribuye la mercancía pirata y, más arriba en la cadena, quien la importa, fabrica, almacena o la surte—, el titular de la marca debe pagar aún más y, lo más absurdo, el gobierno gasta unos 1,200 millones de pesos al año solo por arrendar bodegas, lo equivalente a casi 88% del valor comercial estimado de lo resguardado.
Con la revisión del T-MEC en puerta, la ineficacia deja de ser doméstica y se vuelve una palanca de presión de Estados Unidos. México debe cambiar el enfoque: destrucción expedita con muestreo y cadena de custodia; procedimientos que avancen de oficio cuando el operativo sea del Estado; costos recuperables del infractor; plazos obligatorios para los estados; y golpe a la cadena logística, no solo al puesto donde se venden los productos. También debe publicar, por dependencia y por mes, cuánto cuesta almacenar lo decomisado.
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