Paquete doble, económico y legal: CSP

Este 8 de septiembre (2026), la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará un paquete doble; será un paquete económico y legal.

Entregará al poder legislativo, el Paquete Económico, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Además, como novedad, propondrá un paquete de iniciativas para modificar diversas leyes. Ambos los expondrá y explicará el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

Hoy por la mañana, en la conferencia mañanera, revelará los detalles de ambos.

Será el cuarto paquete económico que presenta la actual Jefa del Ejecutivo.

Impuestos y déficit fiscal, temas centrales

Hay dos temas que centrarán la atención de la ciudadanía, por una parte, y por la otra, de las calificadoras de riesgo de crédito, y analistas especializados. El primero tiene que ver con los impuestos.

¿Se elevará la tasa impositiva de alguno de los gravámenes vigentes o se impondrá alguno nuevo?

Tales preguntas se las hacen ciudadanos y empresas.

La presidenta Sheinbaum, apenas unas horas antes de presentar el Paquete Económico, ratificó que no se crearán nuevos impuestos ni aumentarán los existentes.

Lo dijo, a pesar de que algunos diputados de la coalición en el gobierno adelantaron que vienen aumentos en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), a la cerveza y a las botanas, entre otros cambios fiscales, como la reducción a las deducciones de impuestos a las empresas.

Sin embargo, la ciudadanía y las empresas, esperan ver lo que dice el Paquete Económico. Todos aplican la máxima de Santo Tomás: hasta no ver no creer.

El segundo tema, tiene que ver con la principal preocupación de las calificadoras crediticias y analistas económicos independientes del gobierno.

El déficit fiscal y el crecimiento económico. ¿En cuánto proyecta la tasa de crecimiento para el próximo año el gobierno mexicano?

Y ¿a qué velocidad se compromete a seguir bajando el nivel del déficit fiscal?

De ambas variables dependerá el nivel de endeudamiento del gobierno y por consecuencia, la calificación crediticia de México.

México necesita detonar una mayor tasa de crecimiento económico y aumentar la velocidad en la disminución del déficit fiscal, para mantener la máxima calificación crediticia o el grado de inversión.

Hay que recordar que el actual gobierno heredó del encabezado por Andrés Manuel López Obrador un déficit fiscal de 5.8% del PIB.

Fue el nivel más alto en décadas; casi dos billones de pesos (1.94 billones).

Sheinbaum en su primer año se comprometió a reducirlo 3.9% del PIB y al cierre del 2025 sólo logró reducirlo a 4.3% del PIB.

Para este año la meta es de 4.1% del PIB. Está por verse cómo queda.

La consolidación fiscal ha avanzado, pero a una velocidad menor a la comprometida, fundamentalmente por los apoyos a Pemex. En suma, lo más relevante, es ver cómo el gobierno plantea superar la difícil circunstancia que registran las finanzas públicas y al mismo tiempo logra detonar un mayor crecimiento económico.

Las limitaciones en las finanzas públicas, se explican por el alto presupuesto que se requiere para los programas sociales, la estrategia de fortalecimiento de Pemex y el alto costo financiero de la deuda, entre otros.

La presidenta Sheinbaum ha anticipado que su gobierno continuará haciendo rendir el presupuesto, con austeridad, ahorros y una mejor fiscalización, sobre todo a los grandes contribuyentes.

Política anticorrupción

Por cuanto al paquete legal, todo indica, por referencias recientes tanto de la Presidenta de México como de altos funcionarios gubernamentales, que viene un fuerte apretón en contra del huachicol fiscal, las factureras, la evasión fiscal y la corrupción.

En la conferencia de prensa de este 6 de septiembre, Sheinbaum enfatizó que persiste el problema de los “factureros”; y, en una previa, señaló que el SAT trabaja en la trazabilidad del huachicol fiscal.

Desde el año pasado se sabe que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia Administrativa trabajan en modificaciones legales conjuntas para fortalecer la política anticorrupción.

Vienen nuevas facultades de fiscalización, para el uso de tecnología para vigilar en tiempo real el presupuesto y el reforzamiento de la transparencia en las contrataciones públicas.

Hoy se hará público el doble paquete, veremos qué resultados dan.

Atisbos

Las cifras reflejan una profunda reconfiguración en las finanzas públicas del Poder Judicial, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar.

En el primer año de gestión, el Órgano de Administración Judicial logró contener y mitigar un déficit heredado de 14 mil 466 millones de pesos proveniente del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

Este saneamiento financiero, complementado con políticas de racionalización del gasto, se tradujo en un ahorro acumulado superior a los 4 mil 700 millones de pesos durante el periodo.

Entre las medidas aplicadas destacan la eliminación definitiva de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para los ministros, así como una reducción del 10% en la plantilla del personal de áreas administrativas y la compactación de las estructuras de la Presidencia.