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Modelo eléctrico estatista; IP, ¿apetito de inversión?
Marco A. Mares | Ricos y poderosos
Viene la prueba de fuego para el gobierno mexicano, en el primer avance de la contrarreforma eléctrica.
Tras las reformas constitucionales de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y de las leyes secundarias –que revierten las del 2013, con las que se inició la apertura de las inversiones privadas en el sector eléctrico–, inicia la ruta de la planeación estatal centralizada.
En el estreno de la Reforma Energética del ciclo cuatroeísta, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó sus redes para atraer las inversiones privadas nacionales e internacionales.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, invita a los inversionistas, empresarios, cámaras y asociaciones, a invertir en generación eléctrica en zonas prioritarias del país.
Se celebró la sesión informativa de la convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica y desde ahí conminó al sector privado a participar en un proyecto histórico junto con el gobierno de México que contribuirá con el Plan México, el Plan Nacional de Desarrollo y las metas de transición energética.
El “pastel eléctrico”, en ésta etapa, incluye proyectos que representan una inversión aproximada de 7,140 millones de dólares y aportarán una capacidad de poco más de 6,000 megawatts.
De esta capacidad total 3,790 megawatts son de energía fotovoltaica y 2,100 megawatts de energía eólica.
La funcionaria asegura que se trata de un proceso innovador, único, que marca un cambio radical en la forma de otorgar los permisos del sector energético. Las flamantes leyes y reglamentos del sector eléctrico, se basan en tres principios fundamentales enarbolados por el actual gobierno: la recuperación de la “soberanía energética del país”; fortalecer el papel del Estado en el sector eléctrico; y, promover una transición ordenada hacia energías limpias.
El objetivo central es garantizar energía accesible, segura y sustentable para todos los mexicanos; reducir la dependencia de importaciones de combustibles; mantener tarifas justas (con subsidios para usuarios vulnerables) y alinearse con compromisos internacionales contra el cambio climático (como la reducción de emisiones en 45% para 2030).
El eje rector de la nueva política eléctrica es la prevalencia del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el 54% de la energía inyectada a la red.
En la promoción del nuevo esquema el gobierno ofrece atención ágil a las solicitudes, la agrupación por regiones y la viabilidad financiera al desarrollo de los proyectos.
Se fundamenta en la planeación de lo que necesita el país al 2030, para cumplir con la meta de transición energética de, al menos, 38% de generación eléctrica con energías renovables.
En ese propósito se requiere el apoyo del sector privado, que contará con resoluciones y evaluaciones en un tiempo récord, dado que todas las autoridades –asegura el propio gobierno– están coordinadas bajo una misma línea, con transparencia y teniendo el interés de la Nación en el centro.
Las redes gubernamentales echadas al mar de los inversionistas prevén una participación del 46% de la iniciativa privada y 54% para el gobierno, que aumentará, desde el 38 por ciento.
El gobierno mexicano ha subrayado que se trata de un modelo con el que busca la recuperación de la rectoría energética.
Sólo el tiempo dirá, qué tan grande es el apetito de los inversionistas con el nuevo arreglo institucional que ofrece el gobierno. Esa es la prueba de fuego, en un momento y una circunstancia en la que las finanzas públicas registran un margen de acción muy reducido, frente al elevado nivel de déficit fiscal que registra y el compromiso de reducirlo.
De acuerdo con un análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el esquema, con prioridad a la CFE, desincentiva la inversión privada y retrasa la transición limpia.
El órgano de análisis prevé riesgos económicos por un potencial menor crecimiento económico y probables fugas de capital.
Serán los proyectos y los montos de inversión, los que dejen ver, si el modelo estatista logra o no detonar las inversiones. Y si logra o no alcanzar sus objetivos de generación eléctrica. De ello dependerá en gran parte el mayor o menor impulso económico nacional. Al tiempo.
Atisbos
Con todo y que ya están prácticamente extinguidas las tres instituciones financieras mexicanas acusadas de presunto lavado de dinero por el FinCen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la autoridad estadounidense anunció la entrada en vigor de las sanciones que determinó y que incluye que ninguna entidad financiera de EU realice transacciones con CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Es la historia de una acusación sin pruebas que logró destruir a tres instituciones financieras mexicanas.